La Fiscalía de la Audiencia Franquista no va a acudir ningún de los dos terceros grados autorizados por la Consejería de Imparcialidad del Gobierno vasco, otorgados a Harriet Iragui y Luis Mariñelarena, condenados por los asesinatos del concejal del PP malagueño José Luis Martín Carpena y el histórico socialista Fernando Buesa. Se proxenetismo de la primera vez que la consejera socialista, María Jesús San José, aprueba progresiones de fracción desde que está al cargo de la cartera en el reparto de Gobierno de coalición en el País Vasco entre el PNV y el (Partido Socialista de Euskadi).
Según ha podido confirmar torrevieja news today, uno y otro cumplen con los requisitos, por lo que no cerca de el apelación que a posteriori tendría que resolver el Magistrado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Franquista. Iragui, con tres asesinatos a sus espaldas –encima de estar implicado en el de José Luis Martín Carpena, fue condenado por los del fiscal principal de Andalucía Luis Guardameta y el del coronel del Ejército del Corriente Antonio Emilio Muñoz Cariñanos–, disfrutaba de un segundo fracción flexible con expectativas por actividad foráneo autorizada. El etarra había cumplido tres cuartas partes de su pena, que sumaba más de cien primaveras de prisión, aunque se desconoce si consta un escrito de retractación.
Poco que sí ha existido en el caso de Luis Mariñelarena, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas con este circular, más allá del resto de requisitos establecidos por ley a la hora de penetrar al tercer fracción. Este miembro de la costado terrorista participó en el atentado con coche granada contra quien fuera vicelendakari y portavoz del PSE en el Parlamento vasco, Fernando Buesa, donde asimismo falleció su escolta, Jorge Díez Elorza.
La notificación, dada a conocer esta semana, aunque las autorizaciones e produjeron a finales de septiembre, no está exenta de polémica. Es la primera vez que el PSE, a cargo de la competencia sobre la Empresa Penitenciaria desde el mes de junio, cuando se conformó el Gobierno vasco, autoriza un tercer fracción. El Ejecutor regional es el que gestiona las progresiones desde que Pedro Sánchez hizo esta cesión en 2021, pero hasta el momento recaía en manos del PNV.
Las críticas por parte de los colectivos que representan a las víctimas y de familiares de los fallecidos no se han hecho esperar, frente a la esperanza de que el cambio de manos de la cartera supusiera un letra en la política seguida por los anteriores Gobierno. Esta había sido tachada de laxa a la hora de aprobar beneficios penitenciarios para miembros de la costado terrorista.
De hecho, la propia San José ha expresado que no se iban a hacer distinciones entre los presos que cumplen su pena en las cárceles del País Vasco. Y, la última semana, su Área se abrió a despuntar a sancionar la simbología de ETA, una iniciativa que todavía no está en funcionamiento.