El Tribunal Superior de Conciencia de Cataluña (TSJC) ha estimado parcialmente el apelación interpuesto por la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) contra el reglamento de décimo ciudadana permitido por el pleno del Junta de Barcelona, en mayo de 2022, durante el mandato de la exalcaldesa Ada Colau.
En la sentencia, avanzadilla por ‘La Vanguardia’ y consultada por EP, la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso del TSJC anula los artículos relativos a las consultas ciudadanas, pues entiende que este reglamento de 2022 corrige deficiencias de uno previo, de 2017, pero «presenta un suspensión nivel de anfibología a la hora de concretar el objeto de las consultas ciudadanas« por lo que la regulación infringe el principio de seguridad jurídica.
«Debemos partir de la técnica reglamento utilizada por el Junta, de remisión en liga a la estatuto estatal, autonómica y restringido, sin integrar su contenido en los diferentes preceptos reglamentarios, lo cual genera inseguridad jurídica«, recoge la sentencia, que no es firme y se puede acudir en presencia de el Tribunal Supremo.
El presidente de Ccies, Francesc Sibina, ha asegurado que «resulta fundamental que los prestadores de servicios públicos puedan encargar los contratos adjudicados con garantías de estabilidad a fin de poder satisfacer de la mejor forma los intereses públicos que tienen encomendados« y ha lamentado que haya que acudir a los tribunales para preservar los derechos de un pacto notorio.
Desde Ccies recuerdan que aunque se hayan patente nulos los artículos sobre consultas ciudadanas, con la que se pretendía preguntar a los barceloneses sobre la municipalización del agua, por ejemplo, el Junta puede acudir a otras formas de décimo reguladas en el Reglamento como el Consejo de Ciudad, los Consejos de Judería, los pactos y acuerdos de diálogo, o las audiencias públicas.