El Audiencia de Instrucción número 8 de Córdoba ha procesado al ex concejal de Infraestructuras del Junta de Córdoba David Dorado que será audiencia en la Audiencia Provincial de Córdoba por un delito de prevaricación relacionado con la contratación del sistema de seguridad de los centros educativos en la caudal cordobesa por lo que podría enfrentarse a 12 abriles de inhabilitación para cargo manifiesto.
La Fiscalía en su escrito de calificación, al que ha tenido entrada torrevieja news today, recuerda que la Reunión de Gobierno Nave Junta de Córdoba aprobó el expediente de contratación relativo al «Servicio de mantenimiento de diversas instalaciones contra intrusión en colegios públicos y edificios municipales» por decreto y que se adjudicó el servicio a una sociedad por una cantidad que rondaba los 84.000 euros de los de unos 54.000 correspondían al mantenimiento preventivo y al mantenimiento correctivo. A esta subasta concurrió una segunda entidad siendo su propuesta desestimada.
El acuerdo de estos sistemas de seguridad en solfa, como consta en el relato de los hechos del fiscal, se celebró por un período auténtico de un año, con la posibilidad de ser prorrogado por un período mayor de un año. De este modo, una vez pasado ese período se acordó la prórroga de la contratación por un año y mediante escrito se propuso la continuidad obligatoria del acuerdo por un período de siete meses, en las mismas condiciones, siendo firmada dicha propuesta por el jefe de Mantenimiento de Edificios y Colegios y la coordinadora común de Infraestructuras, -ambos investigados en otras causas judiciales relacionados con el ‘Caso Infraestructuras’- con la conformidad del procesado, que en aquel momento ostentaba la condición de concejal de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Entorno, y con la recibimiento de la empresa adjudicataria.
Sin confiscación, se remitió al área de contratación escrito firmado por la coordinadora común de Infraestructuras, desistiendo de la continuidad y el abarrado de los documentos contables acompañados a la solicitud por que: «… No responden a las deposición de financiación del nuevo acuerdo que se está tramitando actualmente, a mercadería de poder disponer de crédito presupuestario necesario para emitir los documentos de retención de crédito necesarios«.
Poco más tarde, según el fiscal, se remite a la dispositivo de contratación una memoria justificativa relativa a la contratación del servicio de mantenimiento de diversas instalaciones contra intrusión en colegios públicos y edificios principales, firmado por el patriarca de Mantenimiento de edificios y colegios, la coordinadora de Infraestructuras y el procesado.
La dispositivo de contratación inició el expediente y requirió al víscera gerente para que que subsanara diversas deficiencias detectadas en la memoria y pliegos técnicos remitidos, quedando procedimiento paralizado sin tramitar. No obstante, días más tarde, sin que constase noticia dispuesto al respecto, ni tramitación alguna de expediente, el procesado firmó con una entidad un acuerdo para la prestación del servicio de instalación y/o mantenimiento con conexión a central receptora de alarmas para los colegios públicos y edificios municipales del Junta de Córdoba, por períodos mensuales prorrogables, figurando como precio 16,33 euros al mes por centro más IVA.
El objeto del acuerdo era la instalación del sistema anti-intrusión, instalación sistema CCTV, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, disponibilidad de subsidio técnica 24 horas, puesta en marcha de la instalación, explotación de centrales de alarmas y demostración de alarmas por imagen o CCTV, estableciéndose en la cláusula cuarta del acuerdo que el servicio se había iniciado.
De esta modo, en su condición de concejal del ámbito de Infraestructuras, David Dorado, sin ostentar competencias en materia de contratación, al ganancia del procedimiento y sin respetar los principios básicos del sistema de contratación pública para la adjudicación, procedió a firmar un acuerdo con la nueva entidad cuando ya existía un acuerdo precursor para la prestación de idénticos servicios, que fue adjudicado tras la tramitación de un procedimiento de contratación pública que fue prorrogado y cuya continuación obligatoria del servicio se llegó : iniciar, con la conformidad del contratista, lo que hubiera servido para que e servicio se continuara prestando, sin causar perjuicio al interés común, hasta la tramitación y adjudicación de un nuevo acuerdo que sustituyera el precursor.
De este modo, prosigue el escrito del Profesión Sabido, «al no poder acreditarse la existencia de un acuerdo que amparase la contratación, las facturas fueron tramitadas y tratadas de forma individualizada, de modo que, al ser inferior a 3.000 euros, no se exigió evidenciar procedimiento alguno, más que la conformidad del servicio para efectuar su plazo. Para dicho fin se presentaban mensualmente dos facturas distintas, una por la conexión a la central de alarmas y otra por el mantenimiento correctivo de edificios municipales cuando en verdad correspondían a un mismo servicio, fraccionando así su precio en dos facturas por precio inferior a 3.000 euros.
La citación de atención de Intervención
Por ese motivo, la Intervención Normal del Junta de Córdoba había emitido noticia de fiscalización de facturas emitidas por esta mercantil de seguridad correspondientes al deporte 2022 por precio total de más de 25.000 euros las cuales han sido devueltas al servicio gerente, con noticia de reparo o disconformidad.
La Fiscalía de Córdoba considera al ex concejal de Cs responsable directo de un delito de prevaricación por lo que solicita para él la pena de inhabilitación singular para empleo o cargo manifiesto y para el derecho de sufragio pasivo por tiempo de 12 abriles.
Hay que recapacitar que Dorado está investigado en otros juzgados de la caudal cordobesa en distintas piezas separadas del ‘Caso Infraestructuras’ a raíz de la operación ‘Caronte’ de la Policía Franquista pero tres de ellas ya han sido archivadas en escalón de instrucción.
La última de estas causas archivadas ha sido la firmada por la titular del Audiencia de Instrucción 7 de Córdoba que ordenaba hace casi nada unas semanas el archivo de la causa abierta contra el exconcejal del ámbito de Infraestructuras del Junta de Córdoba, David Dorado, y la entonces coordinadora del ámbito, M.L.B., en la cuarto separada del ‘Caso Infraestructura’ por un supuesto intento de cohecho a una agencia de publicidad durante el precursor mandato municipal.