Este viernes, en el Parlamento, quedó constituida la comisión promovida por el Monolito que investigará los contratos de la Xunta durante la pandemia y con empresas como Eulen, donde trabaja como directiva de la zona Noroeste la hermana del susodicho presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo; y el supuesto sobrecoste millonario del hospital olívico Álvaro Cunqueiro. Y aunque el BNG ya anunció a principios de semana que se pedía la presidencia de la mesa, esta, como de costumbre, será para los populares, que tienen la mayoría en la Cámara gallega. Concretamente, la persona escogida para el puesto ha sido la diputada del Colección Popular Elena Candia, que recibió nueve votos a servicio, en contraposición con los siete otorgados a Luis Bará, la propuesta nacionalista para establecerse la presidencia. Él, finalmente, tendrá el puesto de secretario de la mesa, mientras que la vicepresidencia será todavía para los populares, de mano de la diputada Carmen Pomar.
Una organización que respeta la proporcionalidad de la Cámara, donde el Colección Popular tiene mayoría absoluta, si perfectamente tanto nacionalistas como socialistas criticaron que sea esta formación la que ostenta la presidencia. «Los socialistas teníamos la esperanza de que un miembro de la concurso presidiese esta comisión. No fue posible, será un miembro del PP», lamentó, primero, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, afeó que «si el PP estuviese tranquilo« no estaría »tan preocupado por dejar atada su mayoría en la mesa de esta comisión«.
Entreambos partidos de la concurso, como ya anunciaron en reiteradas ocasiones desde que el BNG tomó la audacia de crearla de forma cibernética –la única que pueden habilitar mediante este proceso en la sesión–, pedirán las comparecencias tanto del susodicho presidente, Núñez Feijóo, como del presente, Alfonso Rueda. Sobre el líder doméstico del PP, Pontón consideró «inexcusable» su colaboración, mientras que el secretario xeral de los socialistas aseguró que entreambos deben comparecer porque «estaban en la cúspide de la pirámide de decisiones«. »Si el PP no tiene nadie que ocultar, debe demostrar con hechos que permitirá que esta comisión funcione sin atrancos, para que se conozca toda la verdad«, aseveró. Una comisión que los nacionalistas defendieron como un »potente herramienta«, para aclarar »cómo se están gestionando los bienes públicos« de Galicia. »Hay muchos indicios al respecto de como el PP está beneficiando a familiares que tienen altos cargos en empresas«, sentenció la líder del BNG.
Acusaciones que, por otro costado, han generado el rechazo entre los populares. En una rueda de prensa, el portavoz del Colección Popular Alberto Pazos criticó lo que considera una «caza de brujas» para «imponer los bulos que los partidos de la concurso llevan esparciendo durante primaveras sin más prueba que sus prejuicios«. Su partido, indicó, »prefiere esperar a los informes de los servicios de la Cámara para establecer las normas de funcionamiento y a las propuestas del plan de trabajo para hacer una valoración de su pertinencia, y, desde luego, esperar al final de los trabajos para poder escribir unas conclusiones«. Esto, aseveró, es lo que diferencia lo que quiere hacer el BNG de »una comisión de investigación para conocer la verdad«.
En todo caso, aseguró que su formación «facilitará y agilizará» con todo lo que esté de su mano la celebración de esta comisión, que, a su vez, están seguros que permitirá poner de manifiesto «la excelente mandato que la Xunta esta haciendo de los bienes públicos de todos los gallegos«. Y sobre las declaraciones de Ana Pontón, lamentó que »dejan claro que ya tienen escrito el tema de esta comisión de investigación y pretenden imponer las normas de funcionamiento, el plan de trabajo y, desgraciadamente, todavía las conclusiones«.