El Magistratura de Instrucción número 7 de Valencia ha descubierto una investigación tras la denuncia presentada por el ‘sindicato’ Manos Limpias contra la exdirectora del Instituto de las Mujeres Isabel García por las distintas adjudicaciones públicas que recibieron sus empresas para mandar Puntos Malva y otras actividades relacionadas con la igualdad y la desemejanza.
García fue cesada en julio tras conocerse su doble circunstancia de política y empresaria, roles que compatibilizó durante los primeros meses en el cargo.
La denuncia, basada en informaciones periodísticas, pone el foco en una peroles de 64 contratos menores -sin concurso- que García y su pareja han obtenido en los últimos abriles a través de dos firmas. La mayoría provenían de consistorios valencianos gobernados por el PSOE. Por ellos habrían facturado cerca de de 250.000 euros.
Manos Limpias considera que los hechos podrían ser constitutivo de delitos de falsedad de documento manifiesto, prevaricación y tráfico de influencias, pero no concreta indicios de las presuntas irregularidades más allá de enumerar las adjudicaciones y de sostener que la popularidad de la socialista como experta en la materia hizo que tuviera «asegurado» su «negocio privado».
Elig Consultoría Política de Igualdad y Diversificación, creada por García en 2022, mantiene su sede social en Xirivella, municipio en el que ejerció como concejal de Igualdad -cargo que compatibilizó con el de diputada del rango en la Diputación de Valencia- hasta que fichó en 2019 como asesora del exministro José Luis Ábalos. Por ello, el audiencia de Valencia ha trasladado el asunto a otro de Mislata, a cuyo partido contencioso corresponde Xirivella, según avanza Las Provincias.
Durante su etapa en el Instituto de las Mujeres, García mantuvo el 8% de la compañía -para evitar un conflicto de intereses- y convirtió en administradora única a su pareja, Elisabeth García, quien incluso es propietaria de Imber Consultoría de Igualdad y fue, por otra parte, asesora de los socialistas en el Senado.