«Lo que menos perjudica a la Comunidad es seguir con el modelo común»

Desde el BNG defienden que el contemporáneo sistema de financiación es una «de las mayores injusticias» que padece la Comunidad desde hace décadas. Tal y como indicaron esta semana en la presentación de la campaña ‘Galicia con la interruptor de su parné’, consideran que «mientras otros territorios como el País Vasco» tienen sistemas «más justos» y «adaptados a su efectividad», Galicia continúa «perjudicada por un maniquí de reparto centralista y desfasado» que no reconoce ni el «potencial» ni «la aporte económica» de la Comunidad. «Entendemos que el examen de nación histórica tiene que ir coincidente a un examen de nuestro autogobierno», explica a torrevieja news today la diputada nacionalista Noa Presas, que señala: «Sin autogobierno crematístico, no podemos tener autogobierno político»

Lo justifican con que, según los datos del deporte 2022, el Estado recaudó en la autonomía 15.385 millones de euros, mientras que solo aportó 10.041 a través del Sistema de Financiación Autonómica. «Se queda con 5.344 euros, parné con el que Galicia podría reanimar los servicios públicos y potenciar el progreso industrial». Y continúan indicando que desde 2009 esa sigla aumentó hasta los 59.000 millones. Para el Sillar, significa que «hay capacidad fiscal» y que Galicia «no es un país subsidiado». «Defendemos que Galicia pueda tener la totalidad de la cobranza y, luego, negociar con el Estado la parte que le tenemos que dar por los servicios que presta en Galicia, y no al revés», explica Presas. Una cruzada que no es nueva en el frente nacionalista, que lleva primaveras denunciando la «limitadísima autonomía financiera» de la Comunidad y la indigencia de una nueva relación fiscal entre Galicia y el Estado.

En cambio, el director del Foro Crematístico de Galicia, Santiago Albufera, asegura que «cualquier maniquí en el que se reduzca la redistribución» económica no conviene a la Comunidad. Un sistema de concierto «te beneficia cuando tienes una capacidad fiscal por encima de la media y una deyección por debajo»; en cambio, en Galicia ocurre lo contrario: la capacidad fiscal «está por debajo del 90% de la media» y los servicios cuestan más que la media, «en torno al 110%». «No hay ninguna estimación […] en la que Galicia salga con una peso fiscal negativa», aseguró el jueves en la presentación del documentación ‘Impacto Crematístico para Galicia de la extensión de los sistemas de concierto’, en el que incluso participó el economista – y miembro de la ejecutiva del PSdeG– Xaquín Fernández Leiceaga. Datos que contrastan con los que defienden los nacionalistas, si admisiblemente, como indicaron, las discrepancias se pueden deber a cómo se calculan las balanzas fiscales. En todo caso, abogan porque cada uno se responsabilice de sus cálculos.

«Malo» o «peor»

En el documento, los dos economistas de la Universidade de Santiago de Compostela y miembros del Foro Crematístico de Galicia, analizan un decorado de «extremos» a partir de los informes de cómputo de los capital del sistema de financiación autonómicos de 2022, explorando cómo podría repercutir en la Comunidad que el acuerdo ERC-PSC orientase la reforma de la financiación autonómica. El primero de los supuestos presenta un contexto de conciertos generalizados a todas las comunidades, sin ningún aspecto de solidaridad, que, dependiendo de si se calcula en función del PIB o de la población, en Galicia sería «malo» o «peor». En el primero de los casos, la Comunidad perdería con el nuevo sistema de conciertos 2.128 millones de euros, y la financiación relativa por residente descendería 22 puntos porcentuales. De calcularse en saco al número de habitantes, la pérdida sería aún veterano: 2.647 millones y 27 puntos porcentuales.

Analizan, incluso, el impacto que tendría la aplicación del sistema de conciertos a Cataluña atendiendo a los posibles grados de solidaridad que pudiesen incluirse en el enumeración del potencial «cupo» que negociaría con el Gobierno central: un 0%, un 25%, un 50% o un 75% de lo que hoy en día aporta al maniquí del régimen popular. En todos estos supuestos, Galicia perdería capacidad económica. En el peor de los casos, dejaría de tomar en transferencias ordinarias 634 millones de euros –con datos del 2022–, o, lo que es lo mismo, un 6,27% menos.

Esta sigla es muy similar a la presentada la semana pasada por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que advirtió que la salida de Cataluña del régimen popular costaría a Galicia unos 628 millones. Las pérdidas se reducen proporcionalmente a cuanto veterano es el división de solidaridad, pero en ningún momento llegan a cero. Las pérdidas para Galicia si Cataluña aportase una cuarta parte de lo que aporta hoy en día serían de 475 millones; si aportase la porción, de 317 millones; y si aportase un 75%, de 159 millones.

Así lo señala el estudio que el director del Foro definió como «muy necesario», porque «no entra en la dimensión política, solo en los números» y analiza la situación desde una perspectiva puramente económica.

Anticiparse a lo que va a advenir es ficticio, pero tal y como indicó en la presentación Leiceaga, el régimen popular «es una señal para toda España, y en concreto para Galicia». «Tenemos un maniquí popular que no es consumado, pero es muy solidario; y un maniquí foral, de concierto, que es muy insolidario», recordó, abogando por alejarse de los modelos extremos y mejorar el régimen popular, aumentando la autonomía tributaria de las comunidades o la equidad, por ejemplo. En definitiva, los dos economistas llegaron a la conclusión de que lo que «menos perjudica» a la Comunidad es que siga en el régimen de financiación autonómica popular.