Con el repunte de crisis migratoria en el archipiélago canario, el Gobierno canario ha tenido que habilitar más fortuna para atender a los menores migrantes no acompañados. Esto ha llevado a una situación donde los plazos de suscripción a las entidades que gestionan estos nuevos centros no son los ideales, aun agilizando los trámites bajo el paraguas de la emergencia.
En total, hay actualmente en Canarias 5.400 menores migrantes no acompañados bajo la tutela del gobierno canario, que están repartidos en un total de 81 centros localizados en las distintas islas. Estos centros son gestionados por distintas entidades, unas diez, que enfrentan distintos retos a la hora de financiarse correcto a estos retrasos.
Es el caso de la Fundación Canaria Cepsocial, que ha emitido un comunicado en el que denuncian la situación en la que se encuentran. Abrieron sus puertas en un centro de menores migrantes situado en el municipio de Teror en Gran Canaria, Fincaventura, y desde entonces no ha recibido un solo euro por parte del Gobierno canario. Les deben 90.000 euros solo del mes de agosto, y su situación es crítica.
Dan atención a 50 menores de Senegal y Mali principalmente, y necesitan fortuna económicos para hacer frente a las facturas y a las nóminas de los trabajadores. “A los menores hay que atenderlos, hay que darles cinco comidas, hay que contratar actividades…”, explica Adrián Díaz, subdirector del centro, que estos días se ha convertido en portavoz teniendo que explicar a los medios de comunicación cuál es su situación: “Estamos sobreviviendo”.
El centro cuenta en la contemporaneidad con 35 trabajadores que no han cobrado una sola paga desde que empezaran a trabajar este verano. Tres trabajadores no han soportado las condiciones y se han ido, poco que la directiva del centro entiende y han tenido que solucionar reemplazando a esas personas por multitud “de confianza”, en algunos casos familiares.
Esta situación se agrava si, adicionalmente, se tiene en cuenta que el Ejecutor canario habría comunicado a Cepsocial su intención de abonar la próxima semana lo irresoluto de agosto, aunque la preparación de septiembre, que asciende a 134.000 euros, quedaría para ser pagada en el mes de noviembre.
El retraso en los pagos es derivado de la situación de emergencia
El caso de Cepsocial es singular porque al ser una fundación de nueva creación no pueden acogerse a subvenciones, ya que se les exige un año de pasado, y siquiera obtener crédito bancario, por lo que el endeudamiento financiero al que se enfrentan está siendo subsanado por el patrimonio personal de su fundador, que ha invertido ya más de 60.000 euros.
Según Sandra Rodríguez, directora militar de Protección a la Infancia y a las familias del Gobierno de Canarias, estos retrasos se van a tratar de subsanar lo antaño posible, pero “canarias no tiene plazas suficientes para tantos menores migrantes”, la situación ha llegado al remate.
Tras la información de la emergencia migratoria, se pudieron habilitar más fortuna con carácter de emergencia, lo que en términos burocráticos se traduce en plazos más cortos para los trámites, aun así los plazos son insuficientes y todavía lo es la financiación. Rodríguez recuerda que siguen esperando los fondos prometidos por el ministro Serafín Víctor Torres y continúan subsistiendo con la cantidad asignada en los Presupuestos Generales del Estado.
El coste por pequeño y día para las distintas ONG oscila entre 90 y 105 euros, esto supone para las arcas de la comunidad un desembolso anual de más de 150.000 de euros.
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