Casi 10.000 andaluces en situación de vulnerabilidad económica se adentran cada año en un engorroso proceso chupatintas para solicitar la pensión no contributiva. Se tráfico de una prestación que gestiona la Grupo de Andalucía, aunque la financia el Gobierno central, para certificar posibles básicos a personas mayores de 65 abriles o con discapacidad que no alcanzan un entrada leve de ingresos al año. La ley establece un plazo mayor de 90 días para resolver estos expedientes. Sin requisa, en Andalucía el plazo medio de respuesta a los casi 10.000 andaluces que cada año tramitan su solicitud se sitúa por encima de los siete meses y en el caso de la provincia de Cádiz el tiempo medio es de más de un año.
Tres datos oficiales reflejan el estorbo chupatintas que existe en Andalucía. En primer división, el Imserso, en su balanceo oficial refleja que en la comunidad el año 2023 se cerró con 6.242 expedientes pendientes de resolver de pensiones no contributivas por compensación y por invalidez. Esto supone el 24% de las pendientes en toda España. Y sitúa a la comunidad autónoma a la vanguardia de las 17 comunidades autónomas.
En segundo división, en una respuesta de la Consejería de Inclusión Social, Lozanía, Grupo e Igualdad al Comunidad Parlamentario Socialista se reconoce que la aplazamiento media en Andalucía de estos expedientes se sitúa en 211,55 días, siete meses. Pero el indicador es peor en la provincia de Málaga, donde se roza el año de prórroga, y en Cádiz, donde se llega a 14 meses para conseguir entrar a esta prestación.
En tercer división, los datos del Tarea recogen que en Andalucía se está produciendo una tendencia inversa al resto de territorios. Pese a que la años media de la población es cada vez decano y a que la renta per cápita de la comunidad autónoma está entre las más bajas de España, el número de beneficiarios de la pensión no contributiva ha descendido en Andalucía. Cada vez menos personas logran acoger esta prestación. En 2017, entre la pensión por invalidez y por compensación había 100.646 beneficiarios en Andalucía. Siete abriles a posteriori hay 92.105 personas. Sin requisa, la tendencia es la inversa en las otras grandes comunidades españolas.: Cataluña ha pasado de 58.706 a 67.656; la Comunidad Valenciana ha pasado de 48.893 a 50.557 y Madrid tenía 40.619 beneficiarios y hoy tiene 42.056.
El Parlamento andaluz abordó esta semana esta sinceridad. Y el debate, a iniciativa del PSOE, concluyó con una propuesta aprobada por unanimidad: «Instar a la Consejería de Inclusión Social, Lozanía , Grupo e Igualdad a adoptar las medidas necesarias para aligerar los trámites de resolución de las prestaciones no contributivas y que se resuelvan en los plazos legalmente establecidos».
El PP, a través del diputado Juan Antonio Márquez, argumentó su voto conveniente. Según su relato, la Consejería ya tiene en marcha un proceso para revertir esta situación y confía en que a partir del vallado de 2024 dé resultado: «Se están adoptando medidas para resolver los trámites en plazos legales y la Consejería prórroga tener resultados a partir de finales de este año. Se están desarrollando actuaciones como la automatización de todos los procesos».
Sesión del Parlamento andaluz
Desde el PSOE, el diputado José Luis Ruiz Espejo lamentó, este estorbo existente en la tramitación y sobre todo su incidencia en una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad: «Es imprescindible aligerar el proceso de tramitación de las pensiones y ajustarse a los 90 días que es lo que dice la ley porque quienes sufren el retraso es la población más pusilánime».
Las pensiones no contributivas son una prestación que reciben los mayores de 65 abriles y las personas con discapacidad que tienen ingresos anuales por debajo de un margen que la ley fija en 7.250 euros. La ayuda está cuantificada en 7.250 euros al año distribuidos en pagas mensuales y, en el caso de Andalucía, se complementa encima con una ayuda extraordinaria que aporta la Consejería y que este año 2024 está fijada en 178 euros.