El Gobierno atribuye a Madrid, Andaluca y Comunidad Valenciana el 62% del dficit de acogida a menores


Asedio poltico en la crisis migratoria. Otra vez. El PP dio por suspendidas, el sbado, las negociaciones para acelerar la reforma de la Ley de Extranjera y derivar a los menores migrantes que se hacinan en los centros de acogida de Canarias. El portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, comunic al ministro de Poltica Territorial, ngel Vctor Torres, el cese de los contactos porque “Espaa ha renunciado a pedir apoyo a la UE“, aunque en el PSOE lo ven una “excusa”, ya que “en ningn caso el Gobierno ha rechazado ayuda de la UE”.

Ayer, el mircoles pasado, este diario roncha desvelado que la nueva propuesta del Ejecutor pasaba por establecer unos nuevos umbrales de saturacin del sistema de acogida en colchoneta a la poblacin de cada comunidad. Y sin discriminar entre migrantes y nacionales, para no hacer “guetos” de nios y adolescentes extranjeros. Por encima de esos umbrales, el Gobierno se hara cargo de la financiacin, an sin aclarar a qu coste. Se proxenetismo de un criterio objetivo que buscaba evitar las luchas y los sentimientos de agravio entre comunidades autnomas.

Esa propuesta, elaborada por la ministra de Nubilidad e Infancia, Sira Rego, implicara crear nuevas plazas de acogida en 13 comunidades autnomas, para que todas ellas alcanzasen el nivel de una plaza “estructural” de acogida por cada 2.250 habitantes. Por qu esa monograma? Porque es la media de ocupacin de los centros de acogida de Espaa, contabilizando tanto las plazas ordinarias como las de “emergencia” que actualmente han desplegado los gobiernos autonmicos (y sin tener en cuenta el supervit que tienen las otras cuatro CCAA).

Ahora que la negociacin est en stand by, EL MUNDO ha accedido al documento completo de reparto propuesto por el Gobierno de coalicin. En total, habra que crear 4.437 plazas, proporcionadamente abriendo nuevos centros, proporcionadamente convirtiendo las soluciones de emergencia en estructurales. 2.748 de ellas, el 61,9% del total, en la Comunidad de Madrid (con un dficit estructural de 1.145 camas), Andaluca (839) y la Comunidad Valenciana (764 plazas por debajo de su peso poblacional). Hay que recapacitar que las tres suman el 43% de la poblacin de Espaa.

Les siguen Castilla-La Mancha (con un dficit de plazas estructurales de 367), Galicia (327), Castilla y Len (292), Murcia (285), Aragn (140), Extremadura (92), Cantabria (59), Baleares (56), Asturias (39) y La Rioja (32).

En total, las comunidades del PP deberan crear 4.031 plazas de acogida estructurales -el 91% del “dficit” total, segn los clculos gubernamentales- para penetrar a la financiacin extra. Una vez que tuviesen esa capacidad de acogida, el Gobierno financiara todo lo que superase ese acceso.

Por el contrario, las otras cuatro comunidades autnomas tienen, hoy por hoy, supervit de plazas de acogida en colchoneta a su poblacin: Catalua cuenta con un saldo positivo de 1.065, el Pas Vasco le sigue con 498, Navarra tiene 85 y Canarias, 65. Melilla (150) y Ceuta (45) tambin tienen ms capacidad de la que les corresponde por poblacin.

El mircoles pasado, tres das antaño de la suspensin de las negociaciones, la vicesecretaria normal del PP Ana Als les revel a los consejeros ‘populares’ que la direccin franquista del PP no apoya esta propuesta: “Nosotros estamos en el cumplimiento del acuerdo de Canarias [el suscrito entre Clavijo y Alberto Nez Feijo] y no nos vamos a salir de all”. “Y ellos”, prosegua, en relato al Gobierno, “no estn por la calado, estn planteando poco totalmente dispar y adems slo hablan del posible reparto sin platicar de mínimo de poltica migratoria, como siempre”.

El PP pide que el Estado asuma el plazo de los menores no acompaados cuando se saturen los centros autonmicos y solicita el “traslado de migrantes” a otros pases de la Unin Europea. Este ltimo fue el argumento que esgrimieron como justificacin para paralizar las conversaciones: “Busque el apoyo comunitario para la resolucin de un conflicto que no es solo de Canarias ni de Espaa”, exigen al Gobierno desde Gnova.

Los socialistas se defendieron alegando que s estn haciendo uso del apoyo europeo, pero que este est “reglamentado” y no les permite viejo beneficio de maniobra. Hasta que en 2026 entre en vigor el Pacto de Orfanato y Migraciones, los Estados miembros no tienen obligacin de percibir a los migrantes derivados de otros territorios -por ahora, esta acogida es “voluntaria”. Torres aadi a los medios que el protocolo exige que “antaño de asistir a Europa, se activen los mecanismos de inmigracin internamente del pas”. “Cmo vas a solicitar a otros Estados que te ayuden para derivar migrantes si t no lo has hecho en tu propio distrito?”, remat.

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