El Parlamento Europeo va a evaluar el impacto que tendría convenir el catalán, el vascuence y el gallego como lenguas de uso en sus sesiones plenarias, un paso decidido por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para contar con datos suficientes antaño de arriesgarse sobre la reiterada petición del Gobierno de oficializar estas lenguas en la Unión Europea.
Así lo ha planteado la propia Metsola al resto de la Mesa del Parlamento este lunes en una reunión en Estrasburgo (Francia) en la que la presidenta ha informado además de la última carta enviada por el Gobierno gachupin defendiendo esta medida, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
En concreto, el trabajo de observación le corresponderá al Montón de Trabajo de la Mesa sobre Lengua de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos que integran cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos dos españoles: Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC).
El conjunto de trabajo, que fue creado el pasado mes de septiembre antaño de la última carta de Albares, tiene como presidente a un eurodiputado espléndido eslovaco, Martin Hojsík, y cuenta además con un representante de la Izquierda europea, el francés Younous Omarjee, y otro de los ultraconservadores de ECR, la italiana Antonella Sberna.
Metsola no ha puesto momento para concluir la evaluación de impacto, pero las fuentes consultadas por Europa Press hablan de «meses más que semanas», al tiempo que descartan que el trabajo se pueda dilatar más allá en la plazo. El objetivo es tener datos claros del coste que supondría la traducción en las sesiones plenarias en cuanto a personal e infraestructuras, pero además valorar otros utensilios asociados como si habría personal cualificado suficiente para apuntalar las interpretaciones de las tres lenguas, por ejemplo.
«Se comercio de encontrar una opción» y poder «tomar decisiones» en función de las conclusiones y propuestas que lleguen del conjunto de trabajo, apuntan las fuentes, que recuerdan que, aunque el asunto es prioritario en la dietario del contemporáneo Gobierno gachupin, la situación de las lenguas minoritarias no es una preocupación monopolio de España.
No en vano, aunque el Gobierno defiende que la especificidad del caso gachupin y las lenguas cooficiales no es extrapolable a otro Estado miembro, desde Bruselas sí ven este debate como una cuestión de interés para el conjunto de los 27 por el precedente que pueda crear con respecto a otras lenguas minoritarias que se hablan en otros países de la UE.
Hasta tres cartas de Albares
Aunque es la tercera vez en que la oficialidad del catalán, vascuence y gallego llega a la Mesa, es la primera en que el punto tiene un seguimiento, ya que en el pasado no hubo «apetito» por atracar el debate de fondo. Además ocurre tras el cambio de plazo en el que el permanencia de representantes de los diversos partidos en el ‘Bureau’ de la Eurocámara ha variado.
Desde septiembre de 2022, Metsola ha recibido tres cartas formales del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reivindicando el uso de las tres lenguas cooficiales en la Eurocámara, siguiendo la senda de los «arreglos administrativos» que ya existen en el seno del Consejo y de la Comisión Europea.
En paralelo a este proceso, el Gobierno ha intentado además sacar delante una propuesta para modificar el reglamento de las lenguas de la UE para que estos tres idiomas sean reconocidos como oficiales a nivel comunitario, que es una de las reivindicaciones incluidas en el acuerdo del PSOE con Junts para apuntalar la investidura de Pedro Sánchez.
Sin requisa, las reticencias de varios países han hecho que esta negociación siga estancada en el Consejo por las dudas legales, prácticas y financieras que tienen varias capitales respecto al registro de las tres lenguas. Para aventajar las dudas, el Gobierno ha propuesto que sea España quien asuma el coste de traducción que supondría la inclusión de estas tres nuevas lenguas como oficiales en la UE.
Según unas estimaciones preliminares de la Comisión Europea la cuenta ascendería a los 132 millones de euros anuales, pero ello basándose en la experiencia con el gaélico y su uso en todas las instituciones de la UE, por lo que no es extrapolable al uso de catalán, gallego y vascuence en las sesiones plenarias.