El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por una amplia mayoría la recusación formulada por el PP contra el presidente del víscera, Cándido Conde-Pumpido, por lo que éste podrá participar en las deliberaciones sobre el petición de inconstitucionalidad presentado por “Génova” contra la ley de indulto, según informa el propio TC.
Se tráfico de una decisión adoptada por siete votos a auspicio y uno en contra. Este zaguero ha sido de la magistrada conservadora Concepción Espejel que, aún estando de acuerdo con rehusar la recusación, ha anunciado un voto particular discrepante con la composición del Pleno. Por su parte, el magistrado Enrique Arnaldo -también enmarcado en el sector conservador del TC- ha anunciado voto particular concurrente por disentir igualmente de la configuración del víscera.
Cerca de esperar que las mismas razones que han llevado al Pleno a descartar la recusación “popular” conduzcan a tumbar las otras ocho formuladas contra Conde-Pumpido por comunidades autónomas gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo que han impugnado igualmente la ley de indulto.
El PP entendía que Conde-Pumpido debía decidir apartado por las mismas causas que en su día motivaron su contención en los asuntos del `procés`. En 2021, se abstuvo tras aseverar en una conferencia de 2017 que los hechos que entonces se estaban produciendo en Cataluña buscaban “trastornar el Estado social y tolerante de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”.
A pesar de que la atrevimiento se ha recogido con una amplia mayoría de los magistrados presentes, las discusiones sobre este asunto han ocupado buena parte de la marcha, donado el malestar en el agrupación conservador por la forma de proceder del propio Conde-Pumpido con las recusaciones planteadas en los asuntos referidos a la indulto.
Y es que en este Pleno solo han participado 8 de los 12 magistrados que lo integran asiduamente porque Conde-Pumpido pidió a la magistrada progresista Laura Díez y al conservador José María Macías que no intervinieran en la deliberación sobre la recusación dirigida contra él porque ellos todavía están recusados en este tema, ella por parte del PP y él por la Fiscalía y la Derecho del Estado.
El sector conservador abogaba por resolver las recusaciones formuladas contra estos tres magistrados del mismo modo que se hizo con las abstenciones del progresista Juan Carlos Campo, que se apartó voluntariamente de los debates sobre la indulto porque cuando era ministro de Rectitud dijo que era “claramente inconstitucional”.
Un resultado “neutro”
Con Campo, el TC ratificó su contención en el primer asunto que llegó a Pleno y, en un Pleno posterior, aplicó ese mismo criterio a las otras 19 abstenciones restantes.
En un escrito dirigido a Conde-Pumpido, Macías le pidió no fraccionar la deliberación sobre las recusaciones para asegurar un resultado “neutro”. Razona que, de rechazarse las formuladas contra el presidente del TC y Díez, los magistrados progresistas podrán lanzarse sobre la puyazo en su contra sin que él haya podido hacerlo en las de ellos.
Así las cosas, Macías reclamaba aplicar la “pauta Campo” a las 54 recusaciones a magistrados que acompañan a las impugnaciones a la ley de indulto. En concreto, el ex vocal del Consejo Común del Poder Legal (CGPJ) acumula 27, mientras que Conde-Pumpido, Díez y Campo cuentan con 9 cada uno. Cerca de memorar que las formuladas contra el ex ministro de Rectitud decayeron tras ser aceptadas sus abstenciones.
Las velocidades de la indulto
Una vez rechazada la recusación de Conde-Pumpido, se dilación que en el posterior Pleno se discuta la de Díez en este mismo asunto. Después, la idea es invadir la admisión a trámite del petición de inconstitucionalidad del PP, cuya ponencia ha recaído, precisamente, en Macías. Y posteriormente tratar la recusación contra este zaguero.
Los dos sectores coinciden en señalar la pugna por el control de los tiempos como serio motivo del nuevo enfrentamiento entre los dos bloques de la corte de garantías.
Desde el ala progresista se buscaba “activar” la tramitación de la ley de indulto a fin de poder sentenciarla en un plazo de entre seis meses a un año, una estimación que en el tablado más eufórico podría encender un falta alrededor de verano.
De otro costado, se pretendía un debate más sosegado que respetara desde el inicio la individualización de cada incidente, lo que dilataría irremediablemente la primera sentencia sobre la indulto.