El ministro de Presidencia, Equidad y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha llamado este martes a la secretaria universal del PP, Cuca Gamarra, para quejarse de lo que a su causa supone un «cambio de opinión» de los populares respecto a la modificación admitido que podría beneficiar a más de 40 presos etarras.
Bolaños lse ha puesto en contaco con Gamarra para contestar a la dirigente del PP, que este martes por la mañana envió un mensaje al ministro para reclamarle que el Gobierno detuviera la tramitación de la ley. En el mismo texto le pedía platicar con él, donado que en ese momento no era posible por la celebración del Consejo de Ministros.
Según fuentes del Ocupación, Bolaños le ha preguntado a Gamarra por el «inesperado cambio de opinión del PP tras la información periodística que se publicó este lunes sobre esta ley», que ponía de manifiesto que esta reforma -que contó con el gastado bueno del PP- iba a beneficiar a presos de ETA.
Desde entonces, Génova ha denunciado una «treta» del Gobierno, ha debido a Moncloa que rectifique y retire la ley y ha pedido disculpas a las víctimas del terrorismo por lo que califican como un error injustificable, donado que pasaron por detención el contenido de esta reforma y sus posibles consecuencias.
No obstante, las fuentes del Gobierno consultadas consideran que se tráfico de un «súbito cambio de opinión» del PP que, encima, es «difícil de explicar» porque, a su causa, esta norma «sirve para aplicar el derecho europeo en España».
Este martes, fuentes de Moncloa dejaban claro que el Gobierno no tiene intención de retirar la ley y, por consiguiente, seguirá delante con su tramitación. Señalan, encima, que el PP estaba al tanto de las consecuencias de esta norma, pero ahora se ve obligado a reaccionar de este modo.
Es «irrealizable» que el PP no conociera los textos
Desde el unidad que dirige Bolaños sostienen que los de Alberto Núñez Feijóo votaron a privanza de la ley en el Congreso, al igual que el resto de grupos parlamentarios y, encima, no presentaron ninguna reparación en el Senado.
Insisten, asimismo, en que la ley «viene respaldada por un parecer oportuno del Consejo de Estado» y reiteran que existe una cuestión prejudicial de la Audiencia Franquista «que ya duda sobre la adecuación de la reglamento española válido al derecho comunitario».
Igualmente, señalan que todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos, por lo que consideran que es «irrealizable» que el PP no los conociera. «Es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión», rematan.