Gendarme Civil cierra varias operaciones con trabazón en Valladolid y detiene a 19 implicados
En el pasado 2023, Policía Doméstico y Gendarme Civil tuvieron conocimiento de hasta 25.540 casos de ciberdelincuencia en Castilla y Bravo, ocho veces más que una término detrás. Unos delitos que se han disparado en paralelo al auge de la tecnología con una tendencia que en este 2024 se mantiene. Prueba de ello, las tres operaciones que Gendarme Civil ha cerrado en cuestión de meses en Valladolid por delitos de estafa y emblanquecimiento de capitales a través de perfiles o webs en las que nadie era lo que parecía. En total se han saldado con 19 detenidos y al menos 55 víctimas, que vieron esfumarse 3.560.000 euros.
La primera de las operaciones se inició a principios de año tras una denuncia de una persona que había invertido en una web supuestamente dedicada a las criptomonedas. La página era falsa. Había sido creada por una ordenamiento que la promocionaba en internet y atrajo a medio centenar de personas que desembolsaron hasta tres millones de euros, que llegaban hasta los cabecillas tras suceder por una red de transferencias entre ‘mulas’. Tres personas han sido detenidas en Bravo y Valladolid.
La segunda operación se remite a la «estafa amorosa». En marzo se presentó en Boecillo una denuncia de una persona que había contactado por WhatsApp y Telegram con un hombre de origen francés, «de buena apariencia física y atractivo», y engañada le hizo pagos para cubrir los gastos de una herencia que recibiría el estafador. Éste obtuvo en total 51.800 euros y en sus cuentas bancarias extranjeras se detectaron numerosos ingresos de otras víctimas. Hasta tres personas han sido arrestadas por la trama en Cáceres, Vizcaya y Sevilla.
La última operación se saldó con cinco valentía en Valladolid y Contumaz del Pisuerga tras una investigación que arrancó en junio en Huelva y Toledo con sendas denuncias por compras que nunca llegaron a sus manos. Simulaban ser una empresa de traspaso de enseres, que se relacionaba por correo con sus supuestos clientes cerrando transacciones. Cuando no recibían los productos las víctimas descubrían que habían sido bloqueadas. La ordenamiento obtuvo un beneficio de 40.840 euros mediante estas prácticas en 10 meses, informa la Subdelegación del Gobierno.