Desde su creación en 1975, la Mutualidad Caudillo de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) ha proporcionado servicios de vigor para los funcionarios públicos en España. Si esta entidad desaparece, podría tener un impacto en el empleo en el interior del sector taza privado y agravar el tiempo de dilación del sistema manifiesto de vigor.
MUFACE ofrece a los funcionarios la opción de admitir atención médica a través del Sistema Doméstico de Vigor (SNS) o mediante entidades privadas concertadas como Adeslas, Aissa y DKV. Este maniquí permite equilibrar los pacientes entre el sector manifiesto y privado.
Pérdida de empleo
Las compañías aseguradoras que colaboran con MUFACE han señalado que las condiciones económicas actuales les generan pérdidas significativas. Sin un acuerdo sobre el aumento necesario en las primas, estas aseguradoras podrían encontrarse obligadas a retirarse del maniquí, lo que supondría la pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo.
Los profesionales sanitarios empleados por estas aseguradoras podrían indisponer despidos masivos o reducciones en sus horas de trabajo. No solo afectaría a médicos y enfermeros, sino todavía a personal oficial y auxiliar que depende del funcionamiento del maniquí MUFACE.
Saturación del sistema manifiesto de vigor
Si esto ocurriese, el sistema manifiesto de vigor recibiría a los 1.5 millones de funcionarios beneficiarios, lo que podría sufrir a una sobrecarga de la sanidad pública. Actualmente, el SNS ya enfrenta listas de dilación prolongadas y medios limitados, si se incorporan estos nuevos pacientes los problemas aumentarían, alargando el tiempo de dilación para consultas médicas, pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos.
Esto no solo implicaría a los funcionarios de Muface, sino todavía a los miembros del Ejército y Guripa Civil, inscritos en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), y los funcionarios de la Adminsitración de Imparcialidad, adscritos a la Mutualidad Caudillo Jurídico (MUGEJU), en total cerca de 660.000 personas más.
Durante el mes de septiembre, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), advirtió que si no se llega a la cantidad económica para subsistir, provocaría un “éxodo” de funcionarios al sistema manifiesto de vigor.
El sindicato de mayoritario CSIF ha amenazado con movilizaciones si no se garantiza una financiación adecuada para sostener operante el maniquí coetáneo. Actualmente, las aseguradoras pierden 200 millones al año por las condiciones que ofrece MUFACE, que exige un aumento del 25%, un porcentaje muy allí de lo que piden para poder cubrir los costes.
Condiciones económicas “insuficientes”
Las aseguradoras Adelas, Aissa y DVK consideran que las condiciones económicas de la nueva subasta del Gobierno son insuficientes para cubrir los costes de atención médica. Si no se llega a un acuerdo, el año que viene supondría un impacto crematístico de 1000 millones al Estado.
El Gobierno ha propuesto una perfeccionamiento de la prima del 17,2%, pero este “aumento” solo agravaría la situación, ya que las aseguradoras piden un incremento del 40% para no tener pérdidas.
La negociación tiene como frontera el 1 de enero de 2025, si no se llega a un acuerdo, más de 1,5 millones de funcionarios y su familias se verían afectados por la insuficiente financiación que ofrece el Gobierno.
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