La intrepidez del Tribunal Constitucional (TC) de corregir la sentencia del caso ERE que condenó a los ex presidentes de la Acoplamiento de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán ha empujado a esta causa de corrupción a un callejón de difícil salida. Su revisión obliga al mismo tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que enjuició a los ex altos cargos socialistas durante un año a dictar una nueva sentencia partiendo casi desde cero y asumiendo la «nueva derecho» que aplica el entraña de garantías.
En los cinco primaveras que han transcurrido desde que la Audiencia dictó la primera sentencia del denominado procedimiento específico de ayudas del 19 de noviembre de 2019, en las que fueron juzgados y condenados Chaves y Griñán, han cambiado mucho las cosas. Para originarse, es inviable que se pueda constituir el mismo tribunal que tuvo entrada a las pruebas para dictar una sentencia coincidente a los dictados del TC. El tribunal de garantías anuló parcialmente las penas a la mayoría de condenados con el argumento de que el reparto clientelar y sin control de casi 680 millones de euros no fue ilegal si las partidas que nutrían el fondo de subvenciones figuraban en las Leyes de Presupuestos de la Acoplamiento.
De los tres magistrados que integraron el tribunal diferente sólo queda en activo uno de ellos: Pilar Llorente. Juan Antonio Calle Peña, el ponente de la sentencia, se jubiló anticipadamente en 2021 y ha sustituido la toga de magistrado por el adiestramiento de la Derecho. Encarnado Gómez Caselles, la tercera constituyente, se encuentra en situación de excedencia voluntaria para el cuidado de un llano tras su marcha a la Audiencia de Alicante. No hay visos de que vaya a suspender el permiso para dictar una sentencia que, para más inri, enmiende la primera resolución. Un magistrado solo no puede constituir un tribunal.
Para salir de este vocerío, el Tribunal Superior de Imparcialidad de Andalucía (TSJA) ha elevado una «consulta urgente» al Consejo Genérico del Poder Sumarial (CGPJ), que concedió la excedencia a la tercera magistrada. En sus manos está arriesgarse cómo se suplen las bajas del entraña sentenciador de los ERE.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, explicó ayer en una entrevista concedida a Canal Sur que «la regla normal» es que frente a un caso legislativo de esta naturaleza, «las sentencias las pongan los mismos» magistrados intervinientes en el procedimiento diferente. No obstante, puntualizó que de dicha norma «se exceptúa solamente a los que han perdido la condición de togado o los que pasan a la fuero de excedencia pero para vivir cargos políticos», lo que «no es el caso de la magistrada». Dicho de otro modo, la primera opción para el TSJA es que Gómez Caselles forme parte del tribunal que dicte la sentencia definitiva del caso ERE. En el supuesto de que se decida a agotarla, como así parece, el desenlace se retrasaría a la retraso de su reincorporación.
Repetir el sensatez, una opción poco probable
El ‘plan b’ consiste en repetir el sensatez, pero fuentes jurídicas consultadas por torrevieja news today ven peregrina esta opción. Por el sensatez que celebró la Sección Primera desfilaron 120 testigos y nueve peritos a lo espléndido de 152 sesiones que se prolongaron durante más de un año. El resultado es conocido: el tribunal que presidía Juan Antonio Calle Peña condenó por prevaricación y/o malversación a los dos expresidentes de la Acoplamiento, Manuel Chaves y José Antonio Griñán; a una exministra, Inconsolable Álvarez; a un exvicepresidente autonómico, Gaspar Zarrías; a cuatro exconsejeros… y así hasta entrar a 19 ex altos cargos socialistas. En septiembre de 2022, el Tribunal Supremo ratificó en su veterano parte la sentencia hasta que llegó el TC, presidido por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal normal del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero, y mandó detener.
Repetir un sensatez de esta envergadura parece impensable. Daría una mano a las defensas de los acusados para pedir la nulo de las actuaciones.
El TSJA pide que el CGPJ interprete si Gómez «puede o no formar parte de ese tribunal». Del Río reconoce que esta situación representa «un contratiempo importante». El presidente del TSJA confía en que el CPGJ busque salida a este callejón «en un corto plazo de tiempo». De momento, toca esperar.