El Pleno del Congreso ha permitido este martes la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE que reforma la Ley Reguladora del Derecho de Asociación para que se puedan disolver entidades que ensalcen el franquismo y humillen a sus víctimas, un proceso que se podrá iniciar a instancias de la Fiscalía y concretarse sólo mediante resolución legislativo.
La tramitación de la iniciativa ha sido respaldada por todo el hemiciclo, indemne Vox, único orden que ha votado en contra. El PP todavía la ha apoyado pese a que durante el debate había dibujado al PSOE de utilizar al dictador Francisco Franco como “comodín”.
Aunque los socios del Gobierno han votado a patrocinio de la tramitación varios de ellos han anunciado que presentarán enmiendas pues consideran que la norma debe ser más ambiciosa. Adicionalmente, ERC y Junts han puesto en duda que se vaya a poder aplicar, pues deja la disolución de estas asociaciones en manos de los tribunales.
Con esta iniciativa los socialistas dan cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que data de octubre de 2022, y que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones en este sentido.
Un año de retraso
Sin bloqueo, la reforma llega con un año de retraso pues tenía que acontecer sido promovida a más tardar en octubre de 2023, doce meses posteriormente de la entrada en vigor de la Ley de Memoria. Para poder acelerar su aprobación, los socialistas han optado por impulsar la reforma a través de una proposición de ley en vez de mediante un tesina de ley del Gobierno.
La propuesta del PSOE, recogida por Europa Press, consiste en la inclusión de una disposición adicional en la citada norma para incluir como causa de disolución “la realización de actividades que constituyan panegírico del franquismo”.
La futura norma especificará que esa panegírico se podrá producir “adecuadamente ensalzando el topetazo de Estado de 1936 o la dictadura posterior o adecuadamente enalteciendo a sus dirigentes, cuando concurra menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del topetazo de Estado de 1936, de la lucha de España o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”.
Por resolución legislativo
En esa disposición se especifica que la disolución tendrá que realizarse mediante resolución legislativo y que corresponderá al Servicio Fiscal “el adiestramiento de la hecho en este tipo de procesos”.
Adicionalmente, la proposición de ley del PSOE deja claro que el motivo de disolución se aplicará con independencia de los fines teóricos y actividades plasmados en los estatutos y de que la asociación cuestionada haya cumplido o no el deber de inscripción registral, toda vez que el éste se prevé sólo a mercancía de publicidad.
Durante el debate algunos partidos como Bildu y el BNG han pedido que se actúe ya para disolver todavía fundaciones como la que lleva el nombre de Francisco Franco. Desde el Servicio de Civilización, que dirige Ernest Urtasun, ya se han entregado pasos con ese objetivo.