El pleno de las Cortes ha debatido este miércoles dos proposiciones no de ley sobre vivienda, obligado por todos los grupos como un problema fundamental para los ciudadanos, pero no ha habido acuerdo. PP y Vox han unido sus votos para pedir al Gobierno que derogue la ley de vivienda y el resto de la competición ha solicitado a la Concilio un parque conocido de vivienda de arriendo.
Los ‘populares’ Mercedes Cófreces y Emilio Berzosa han denunciado que la ley de vivienda del Gobierno central «no ha funcionado y es errónea», opinión que compartieron los parlamentarios de Vox Carlos Menéndez y Susana Suárez; mientras que los procuradores socialistas José Luis Vázquez y Rubén Illera han criticado la «inexistente» política de vivienda de la Concilio, han destacado la ayuda del Ejecutante central, cuando la competencia es autonómica, y han acentuado al PP de utilizar un derecho como «un negocio», recoge Ical.
La PNL del PP ha contado con el apoyo de Vox, el voto en contra de PSOE, Pablo Fernández y Francisco Igea y la renuncia de UPL-Soria Ya y Por Ávila. En ella se pide derogar la ley de vivienda y tramitar otra nueva con el consenso de las comunidades, aumentar los fondos de Castilla y Arrogante en el nuevo plan estatal, desasistir «la senda de la imposición y la amenaza» a las autonomías y ejecutar el anuncio del presidente del Gobierno de 180.000 viviendas sociales.
A este texto se ha incorporado la perfeccionamiento de anexión de Vox para que se recuperen las desgravaciones fiscales por la adquisición de vivienda habitual y de arriendo habitual de una casa. Tanto los procuradores del PP como los de Vox han defendido políticas de incentivación frente a la intervención del mercado, como han sostenido PSOE y Podemos.
En la PNL socialista, que ha deslizado los votos a servicio de UPL-Soria Ya y de Podemos, el no de PP y Vox y la renuncia de Igea y Por Ávila, se ha planteado cumplir la ley de vivienda, un parque conocido de viviendas en arriendo asequible con 5.000 inmuebles en los próximos dos primaveras, fallar las zonas de mercado residencial tensionado y crear la empresa pública de vivienda para coordinar y dirigir estas políticas.
La popular Mercedes Cófreces, en la presentación del texto de su congregación, ha afirmado que sí creen que la vivienda sea un derecho, pero ha criticado la aprobación de la norma sin consenso con las comunidades, ha apelado a informes de expertos que reflejan que a día de hoy que la propuesta ha caído a mínimos y los precios están en máximos, y ha afirmado que el artículo de zonas tensionadas, cuya exposición no es obligatoria, solo se aplica en una comunidad (Cataluña).
Todos los intervinientes de la competición, excepto Vox, han criticado su presentación en las Cortes y han preguntado al PP por el papel de sus diputados en el Congreso, mientras que Cófreces ha replicado que el aumento del precio del arriendo en el postrero año afecta a todos los ciudadanos y ha subrayado un incremento del 12 por ciento en España y un 7,9 en Castilla y Arrogante, que ha enmarcado en medidas que incentivan.
Aunque con matices en los puntos, Carlos Menéndez (Vox) ha cubo el apoyo al considerar que la norma doméstico no ha corregido «anomalías» del mercado inmobiliario y ha añadido que se ha desplomado la propuesta de arriendo por no proteger a los propietarios y si, en opinión de su congregación, a los okupas, conexo con el aumento de los precios.
Críticas a la Concilio
En la presentación socialista, José Luis Vázquez ha remarcado de entrada que la vivienda es competencia monopolio de la Concilio pero el Gobierno aporta ocho de cada diez euros a través del plan estatal 2022-2025 con 121 millones frente a la ayuda autonómica de 24 millones, a lo que ha unido «la deslealtad» por no cumplir con la nuevo ley de vivienda.
Vázquez ha antepuesto «medidas eficaces» implementadas por el Gobierno de España como el Bono Imberbe, con una dotación íntegra a Castilla y Arrogante de 21,6 millones de euros que llegó a 3.827 jóvenes de la Comunidad Autónoma. «El principal obstáculo de llegada a la vivienda es la Concilio, no tienen planificación, ni maniquí, ni un parque conocido y carecen de maniquí conocido», ha descrito el parlamentario.
El socialista ha calificado de fundamental no descalificar viviendas públicas y respaldar como precio mayor de arriendo el 30 por ciento de la mecanismo llano. «Convierten un derecho en negocio», ha reprochado Vázquez, que ha defendido que el Gobierno hable de incentivos a las comunidades que cumplen la ley mientras que las incumplidoras ejecuten su competencia con sus propios fondos.
El procurador Pablo Fernández (Unidas Podemos) ha respaldado las medidas propuestas por la competición socialista pero ha ido más allá en pedir al Gobierno central que intervenga en el mercado para controlar los precios al arriendo, punto en el que ha criticado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por lo que ha tildado de «error» que haya apelado a la solidaridad de los propietarios.
«Señorías del PP, aquí no hay quien viva por sus nulas políticas públicas de vivienda», ha iniciado Pablo Fernández, que ha acentuado al PP de «poco trabajo» y de traer una iniciativa a las Cortes de una competencia solo suya. «¡Hay que tener cuajo»!, ha sentenciado, para solicitar medidas para cumplir con el derecho de llegada a la vivienda y «no para especular».
El procurador del Rama Mezclado Francisco Igea ha preguntado al PP qué hace su congregación en el Congreso en presencia de lo presentado hoy en las Cortes y ha enumerado el escaso número de viviendas ejecutadas, como 370 en el plan Rehabitare. «Dejen de hacer anuncios y pónganse a la tarea en una competencia monopolio», ha zanjado.
El leonesista José Ramón García ha manifestado que hay un adeudo de vivienda pública tanto en las zonas rurales como donde hay empresas, ha afirmado que este es un debate sobre el reparto de la riqueza por el afán de centralizar el tejido industrial en las grandes ciudades y ha lamentado que los jóvenes no encuentren una vivienda digna por los elevados precios, si aceptablemente no dio el apoyo a los puntos de la PNL del PP, ya que la derogación de la norma ha señalado que corresponde al Congreso.
El sorianista Juan Antonio Palomar ha acentuado tanto al Gobierno como a la Concilio de incumplimientos en las viviendas prometidas y ha reclamado medidas en presencia de los precios en las zonas tensionadas, a la vez que se ha mostrado a servicio de un parque conocido de arriendo y de una empresa pública. Adicionalmente, propuso una perfeccionamiento para que se realice un inventario de inmuebles en ruina en municipios de menos de 3.000 habitantes.
Susana Suárez (Vox) ha acentuado a PP y PSOE del problema de la vivienda por sus políticas que «han tocado» el mercado inmobiliario con menos propuesta y precios más elevados y apuntó a la ley de vivienda del Gobierno, que ha propiciado «precarios sin casa», por ello ha pedido más vivienda pública, proteger al propietario y recuperar las deducciones por la negocio de vivienda habitual y por arriendo.