En un comunicado como motivo del Día Mundial y el Día Europeo contra la pena de asesinato, el Empleo de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha sostenido que “España sigue abogando por la anulación total de la pena de asesinato en toda circunstancia”.
Pese a que “la tendencia con destino a la anulación de la pena de asesinato es constante” y “cada vez más países eliminan este castigo de sus ordenamientos jurídicos”, el Gobierno admite que “es extremadamente preocupante que desde 2020 está aumentando el número de ejecuciones en todo el mundo”.
En este sentido, “España hace un llamada a todos los estados retencionistas para que avancen con destino a el establecimiento de moratorias, de facto o de iure, como paso previo con destino a la anulación completa”.
Reformas jurídicas
Asimismo, el Gobierno “insta a que promuevan las reformas jurídicas necesarias para evitar la aplicación de la pena haber a menores de antigüedad, a personas que cometieron delitos durante su minoría de antigüedad, a personas con discapacidad o a personas LGTBI“, así como a que “tengan en cuenta los mercadería de la aplicación de la pena de asesinato en los menores a cargo de los condenados y protejan sus derechos”.
Por postrero, el Gobierno ha reiterado su apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Homicidio, con sede en Madrid y fundada en 2010 a iniciativa española, así como las iniciativas multilaterales y de la sociedad civil que tengan por objetivo la anulación universal de la pena de asesinato.