El 22 de abril de 2015 se celebró en la Audiencia Provincial de Toledo la primera de las dos sesiones del pleito contra cuatro procesados por el crimen de un granjero en El Carpio de Tajo el 5 de marzo de 2013. Uno de los acusados era Esteban Ruiz Suárez, quien no supo replicar con certeza si había estado o no alguna vez en este pueblo toledano. Asimismo balbuceó que se encontraba en la prisión y que su inicio estaba hecha un lío. Y estuvo todavía menos convincente cuando se le preguntó por una huella suya que se recogió en la bolsa de plástico con la que ocultaron la pistola homicida.
Uno de los tres magistrados del tribunal le llegó a espetar: «Que usted se haga el tonto no significa que yo me lo vaya a creer». Esteban fue condenado a 25 abriles y medio de prisión, como los otros tres procesados, si admisiblemente uno sería absuelto por el Tribunal Supremo porque «no había pruebas sólidas contra él».
Con un división de discapacidad obligado del 73 por ciento, la situación de Esteban pasó «inadvertida» en todo el procedimiento. Ni en la Pelotón Civil al detenerlo ni en el audiencia de instrucción «detectaron que era una persona con discapacidad intelectual». Siquiera «cuando se acreditó en presencia de el audiencia se tomó ninguna medida» ni en la Audiencia de Toledo durante los dos días de pleito.
Así lo cuentan desde la estructura Plena inclusión España, que llevó el caso a la ONU. Su Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ha dictaminado ahora que no se garantizó a Esteban, que sigue en prisión, su derecho a la defensa y a un pleito ajustado: «Tanto los jueces como la Fiscalía deberían activo actuado de oficio y con la debida diligencia en cuanto se percataron de la discapacidad del autor».
Recuerda al Estado castellano que debe proporcionar a la persona con discapacidad una compensación por los daños provocados y por los gastos judiciales para hacer asistir esta denuncia hasta las Naciones Unidas. Y añade que el Estado tiene la obligación de ofrecerle un pleito con todas las garantías, disponiendo el condenado de los apoyos necesarios conforme a la audacia de la ONU y a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue refrendada por España en 2007.
La jueza María de la Fe Amarillo era la responsable del audiencia número 3 de Torrijos que instruyó el caso. «No declaró ningún de los detenidos. Todos se acogieron a su derecho a no resolver, y su erudito no nos informó. Ni en la exposición, ni en la comparecencia de prisión ni en la indagatoria [la primera declaración que el juez de instrucción está obligado a tomar al procesado después de dictar el auto de procesamiento]. Siquiera cuando tras la indagatoria pregunté a cada uno de ellos si querían proponer poco», recuerda. «Igualmente, al estudiar los hechos del procesamiento de nuevo, ni sus letrados ni ningún de los procesados dijeron no entender poco. Sólo me contó poco de una bolsa…», añade.
Retraso mental leve
El presidente de aquel tribunal, Manuel Gutiérrez, ya está retirado y otro de los magistrados, Urbano Suárez, dijo el miércoles a torrevieja news today que no recordaba el pleito, que fue mediático. «El trato a Esteban fue denigrante, un sonrojo; fue un atropello de la Audiencia», asegura uno de los abogados en la panorámica hablado. «Es un caso paradigmático. El vídeo de la panorámica ha tenido mucha repercusión en varios ámbitos y la resolución de la ONU ha sido el fíbula final», se alegra el erudito, que pide abastecer el anonimato.
Nueve días ayer del pleito, el Instituto de Medicina Lícito de Toledo emitió un mensaje psicológico forense sobre Esteban, que tenía 35 abriles. «Estaba fundado exclusivamente en una entrevista realizada el 9 de abril de 2015», según explicó Plena inclusión en su denuncia en presencia de la ONU. Iba destinado «específicamente a valorar si en el caso de Esteban concurrían o no la exención o atenuación de la responsabilidad penal».
Los forenses resolvieron que Esteban sufría un retraso mental leve y emitieron un voto desfavorable a apreciar la atenuante. Luego en la sentencia se afirma que Esteban «padece una discapacidad psíquica leve» que no le limita «el conocer la ilicitud de sus acciones ni llevar a cabo conforme a ese conocimiento».
La figura inclusiva del facilitador
Plena inclusión lleva abriles defendiendo que se extienda y dote con los fondos necesarios al facilitador, una figura inclusiva que permite hacer más ajustado el sistema procesal. «Los jueces no tienen un conocimiento médico ni psicológico, y mucho menos en asuntos de discapacidad. Consideran que, con la mera presencia de un cámara médico de un instituto de medicina lícito, se tiene la capacidad suficiente para detectar una discapacidad y memorizar qué implicaciones tiene ésta», explica Naouja ElHadad, facilitadora procesal. «Pero esos médicos forenses no tienen formación en esta materia y siguen siendo los encargados de realizar esos informes, sin memorizar qué incidencia tiene una discapacidad en la comunicación, en el comportamiento en escenarios tan intrigantes y agresivos como lo puede ser un audiencia», añade.
Adicionalmente de estar al frente del tribunal que juzgó a Esteban, Manuel Gutiérrez era el presidente de la Audiencia toledana. Desde 2019, este cargo lo desempeña Juan Ramón Brigidano, padre y cuidador de un inmaduro con una discapacidad serio. «La situación ha cambiado mucho. Un año posteriormente de asistir, en 2020 se adaptó una sentencia al formato de repaso posible para una víctima de un delito contra la voluntad sexual», recuerda Brigidano.
De esa aclimatación se encargó la estructura Plena inclusión de Castilla-La Mancha. «Se hizo voluntariamente y me costó mucho trabajo. A partir de ahora, si vuelve a suceder otro supuesto, llamaría de nuevo a Plena inclusión a ver qué me dicen», adelanta Brigidano, «siempre muy mentalizado» en esta materia. «Voy a todas las asociaciones relacionadas con la discapacidad que me llaman para explicar las modificaciones de la ley y todo lo que haga yerro», cuenta el presidente de la Audiencia toledana, que pasión a la puerta del Consejo Normal del Poder Procesal cuando lo cree necesario, nueve abriles posteriormente del pleito a Esteban que ha enojado a la ONU.