El Parlamento de Cataluña se ha pronunciado este jueves a ayuda del concierto financiero para la Generalitat en la ruta de lo pactado por PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Es la primera vez que la Cámara autonómica manifiesta su apoyo a la iniciativa, a pesar de que los partidos que la promueven fueron incapaces de presentar un texto conjunto. Junts, por su parte, no votó a ayuda de ningún y registró uno propio –que no se aprobó– sin la cuota de solidaridad que incluían los textos del tripartito de facto.
Los 68 diputados que suman el tripartito de Illa, la mayoría absoluta del Parlament, han sido suficientes para reivindicar, en el entorno del debate de política genérico celebrado esta semana, el eje central de lo que será la asamblea que arrancó en mayo. Aunque los textos aprobados no tienen valía constituyente sí marcarán el rumbo del Govern en su relación con ERC y el del Gobierno de España, en manos de los de Carles Puigdemont.
Así, a propuesta de los comunes, el PSC ha cedido por bueno que el nuevo acuerdo de financiación, que cuenta con el sospecha de una parte del PSOE y afectará a la autonomía de otras regiones, «se cojín en los principios de suficiencia, ordinalidad, solidaridad, corresponsabilidad y eficiencia» y ponga «límites» claros «a la competencia fiscal a la depreciación, erradicando el dúmping fiscal», en narración a las políticas fiscales que lleva a parte el PP en las comunidades que gobierna.
En el texto de ERC, permitido todavía con el gastado bueno del PSC, se defiende que «Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo» por yerro de «un maniquí de financiación de régimen popular caducado» y, por lo tanto, la Generalitat necesita una financiación «propia y singular» que permita a Cataluña «ingresar la soberanía fiscal y económica», al recibir todos los impuestos y aportando luego una cuota de solidaridad con algunas condiciones.
Es en la propuesta del PSC, aprobada igualmente, donde se concreta esta solidaridad con las otras regiones. Esta quedará limitada a que los gobiernos homólogos al catalán lleven a parte «un esfuerzo fiscal todavía similar». Es aseverar, se reducirá parte del cupo catalán –gastos del Estado más solidaridad– a como ejerzan las regiones receptoras su beneficio autonómico marcando así sus políticas.