El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado orden de búsqueda y detención así como orden de detención europea contra los etarras Javier García Gaztelu (‘Txapote’), Juan Luis Rubenach, Ainhoa Múgica y Juan Antonio Olarra Guridi (‘Jon’) para obtener pruebas de su participación en el asesinato del juez del Tribunal Supremo José Francisco Querol en Madrid en octubre de 2000.
La resolución, a la que tuvo acceso torrevieja news today, complementa la comunicación enviada a Francia el pasado mes de junio en la que solicitaba la prórroga de la entrega de estas cuatro personas para que pudieran responder en España por aquel atentado con coche bomba que acabó con la vida del juez, su conductor Armando Medina Sánchez, y su guardaespaldas, Jesús Escudero García, además de herir gravemente al conductor de un autobús de la Empresa Municipal de Transportes, Jesús Sánchez Martínez, quien fallecería poco después. Causó heridas a otras 64 personas.
Según el magistrado, el atentado fue perpetrado por el comando Buruhauste de ETA y, en concreto, con la presunta participación de Ana Belén Egües, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios. Iván Apaolaza, otra persona liberada en ese momento, había formado parte del comando pero en julio de 2000 partió hacia Francia.
Los hechos siguen bajo investigación y este jueves han sido citados varios testigos que sitúan a Rubenach en Salamanca, donde se presume que ETA tenía la casa segura en la que almacenaban la información y el material explosivo para perpetrar aquellos asesinatos que se produjeron en el barrio de Madrid. de La Concepción, al paso del auto del magistrado. El apartamento, según las conclusiones de los investigadores, estaba a cargo del etarra Oier Goitia desde febrero de 2000.
Sin embargo, el alcance de las investigaciones va más allá de los presuntos autores y alcanza a la dirección de ETA en el momento de los hechos. Según informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, “los líderes de la organización terrorista que ejercían la máxima responsabilidad sobre el mando de Buruahuste desde la clandestinidad en Francia” eran en aquel momento Txapote, Jon y Ainhoa. Todos estaban frente a las órdenes que recibió el comando hasta su desmantelamiento en noviembre de 2001, excepto Txapote, que fue detenido dos meses antes.
En este sentido, el auto detalla que fue esta dirección de ETA la que a principios de septiembre de 2000 “a través de un enlace no identificado, envió al menos dos entregas de material al comando» antes del ataque. El primero fueron 200 kilos de dinamita en noviembre de 1999, además de “cordón detonante, relojes, fusiles y matrículas”. El segundo fueron 120 kilos de dinamita y cordón detonante. En ambos casos, los cuatro del mando (Rubenach, Palacios, Egües y Goitia) trasladaron el material al piso de Salamanca.
La investigación ha llevado a la conclusión de que en ambas entregas operaron igual. Gorka Palacios estacionó el auto, entregó las llaves al enlace y luego de un tiempo acordado, recogió las llaves en otro punto y luego, se cargó el vehículo. Mientras tanto, Rubenach proporcionó cobertura de seguridad y viajaron todos juntos en un convoy encabezado por un coche de alquiler a modo de lanzadera que garantizaba el paso libre hasta Salamanca. Allí, el cuarto en desacuerdo, hizo lo propio para asegurar que no hubiera nadie custodiando el piso donde los cuatro montarían el explosivo.
“La urgencia de la exigencia de Txapote se explica por la preparación de un gran atentado terrorista que rompería la tregua de facto”
En relación a las matrículas del coche bomba, Txapote “ordena a sus comandos robar una máquina troqueladora en España, en concreto, entrega al mando de Erezuma la información de dos empresas troqueladoras de las localidades de Eibar y Mondragón en donde el robo es más factible”, afirma el juez.
«La urgencia de la demanda de Txapote se explica en la preparación de una gran Atentado terrorista que rompería la tregua de facto y para lo cual necesitaban placas falsas ya que iban a viajar por España cargados de explosivos y requerían placas perfectamente dobladas por medidas de seguridad”, señala la resolución.
Las matrículas que Txapote mandó robar
La máquina de estampado robada, al igual que las placas sustraídas, “fueron entregadas” a Txapote y continuaron siendo utilizadas por los responsables del aparato militar de ETA en Francia para “entregar placas en blanco a los comandos para que hicieran caracteres alfanuméricos con dígitos de plástico”. ” . Se encontraron 68 placas detalladas en un documento incautado al grupo terrorista. En la lista estaba la del auto que fue detonado al paso del juez Francisco Querol.
«La información de la placa debió ser transmitida por los miembros del comando Buruhauste a sus responsable del aparato militar en Francia (García Gaztelu, Múgica Goñi, Olarra Guridi) que reprodujeron la plancha con la troqueladora robada en Eibar. Posteriormente se lo entregaron”, concluye el instructor.
Hay más pistas. El coche se detiene en las comunicaciones de los miembros del comando con la dirección y explica que utilizaron un correo electrónico para intercambiar mensajes con la dirección de ETA en Francia. Se conectaban en establecimientos públicos que disponían de internet, cuando no lo hacían directamente con un enlace de la dirección con citas periódicas en Madrid. Siempre eran los domingos y a la una de la tarde.
El caso por estos cuatro asesinatos comenzó en 2000, pero fue archivado tres años después por falta de un autor conocido. La investigación se reanudó en 2015 a petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que pidió recoger varios informes que en otros casos de terrorismo de ETA apuntaban a Ana Belén Egües, del que ya hubo un comunicado en sede policial reconociendo su participación en el ataque como parte del comando de Barahuste. Entre esa documentación estaba la lista de matrículas y una nota manuscrita que ella había hecho.
“El Comité Ejecutivo ejerció un control total sobre la actuación de los militantes de ETA, regulando incluso cuestiones más personales”
En otoño de 2016 se le tomó declaración, al igual que a Iván Apaolaza y Gorka Palacios, sobre estos hechos, pero aún hubo que esperar. Nuevamente, el caso se reabrió en febrero de 2021 porque la AVT notó que habían aparecido entre los sellos de Francia nuevas indicaciones sobre la autoría, incluido un mapa de Madrid y diligencias solicitadas. La Policía, tras analizarlo, concluyó que “la mayoría de las marcas y anotaciones” que contenía eran del mando de Buruhauste. Grabó el atentado contra Querol.
La AVT instó entonces a la conclusión del sumario y el procesamiento de los cuatro integrantes del comando al entender que la autoría ya estaba esclarecida y lista para ser llevada a juicio, pero una vez más, el caso quedó estancado. En este caso, por la admisión a trámite de una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia que pedía buscar también responsabilidades en la dirección de ETA en aquel momento, basándose en que la banda terrorista operaba con una estricta jerarquía paramilitar.
La dirección de ETA en el año 2000
La Guardia Civil presentó un informe al respecto en noviembre del año pasado y situó en esa dirección o zuba a nueve exdirigentes de ETA: Ignacio Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), Mikel Albisu (Antza), Asier Oyarzábal (Baliza), Vicente Goicoechea ( Willy), Ramón Sagarzazu (Ramuntxo), María Soledad Iparragirre (Anboto) y los citados Txapote, Olarra Guridi y Ainhoa Múgica.
La Policía Nacional amplió estas conclusiones el pasado mes de agosto, a las que tuvo acceso torrevieja news today, con un informe del que se desprende que la dirección “ejercía un control total sobre las actuaciones de sus militantes, dónde, cómo, cuándo y con quién llevarían a cabo funciones o viviría, afectando a todos los miembros de la organización, también a los presos, a los que huyen a terceros países y, por supuesto, a los que estaban en activo” e “regulaba incluso cuestiones más personales”, de modo que “la capacidad” La elección que tiene un militante una vez que decide unirse a ETA es nula.”
Destaca que el comité ejecutivo de ETA “funcionó de forma colegiada y en él se adoptaban decisiones estratégicas y en ocasiones incluso tácticas” que incluían “el diseño, la planificación, la coordinación, la dirección y en ocasiones también la orden o autorización para llevar a cabo” los atentados terroristas. que fueron llevadas a cabo por los comandos operativos”. Con esta premisa, sostiene que así se decidió la creación del comando Buruhauste para desarrollar su actividad criminal en Madrid desde 1999 hasta su desmantelamiento en noviembre de 2011. Incluyendo el brutal atentado contra el juez de la Corte Suprema.
En total, son once etarras a los que el juez Pedraz ha tomado declaraciones sobre estos hechos en los últimos meses y todos han guardado silencio o, en el caso de los entregados por Francia, han aceptado el principio de especialidad, que les impide de ser considerado responsable de estos hechos si las autoridades francesas no lo autorizan primero.