la investidura de Pedro Sánchez (PSOE) Está en manos del Consell de la República, entidad cuyos miembros votarán, del 17 al 23 de este mes, si impulsan el bloqueo entre ERC y Junts, que son los partidos que deciden al próximo presidente de la Gobierno en el Congreso. El resultado de la consulta del Consell se conocerá el 24 de octubre. Todo apunta, por tanto, a que no habrá votación de investidura en el Congreso antes de esta fecha.
¿Qué es el Consejo de la República?
El Consell de la República es una asociación privada registrada en Bélgica que preside Carles Puigdemont. Fue creado tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017 y la fuga del entonces presidente autonómico catalán para evitar acciones judiciales. Está vinculado a la entidad sin ánimo de lucro CATGlobal ASBL, que gestiona sus gastos. Al principio contó con el apoyo de los tres partidos independentistas (Junts, ERC y la CUP) y las principales entidades del movimiento secesionista. Con el paso de los meses, ERC y Òmnium Cultural, por ejemplo, empezaron a quedarse atrás.
¿Qué objetivos tiene la asociación?
El Consell de la República es considerado una “institución democrática de representación política provisional de la República Catalana”, surgida del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, tal y como recoge el Código General del Consell, documento que estructura la entidad. La asociación “actúa como Autoridad Nacional hasta que se establezca un nuevo Estado independiente en forma de república”. Y entre sus cometidos está también “impulsar procesos democráticos de autodeterminación para alcanzar, respetando los ritmos de cada territorio, el mandato de independencia en el resto de los ‘Países Catalanes'”.
¿Qué estructura interna tiene?
La asociación intenta emular el funcionamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo de una Cataluña supuestamente independiente y gobernada desde el “exilio”. Su espejo es la Generalitat republicana que ejerció como tal en el exilio entre 1939 y 1978. Así, se creó una Asamblea de Representantes (entre 100 y 150 miembros), que representa a los socios. Pero, recientemente, Puigdemont anunció que la disolvía con la intención de crear una especie de ‘cámara de sabios’, más fácil de controlar. Paralelamente se mantiene un Consejo Rector (mínimo de 10 y máximo de 20 miembros) con un presidente, elegido por la Asamblea. El presidente nombra a los miembros del Consejo de Gobierno.
¿Quién forma parte de la asociación?
Cualquier persona que se registre en la web de la asociación es mayor de 16 años y paga una cuota. “En el siglo XXI la ciudadanía debe ser una decisión libre y voluntaria”, defienden. Ser miembro de la entidad da derecho a formar parte del “registro ciudadano” y votar por las ‘legislativas’ (hasta ahora), así como participar en las consultas internas que se convoquen. Por ejemplo, los socios decidirán si la asociación promueve el bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez entre Junts y ERC. Actualmente, hay 90.142 personas inscritas en la asociación con derecho a voto.
¿Quién contra el Consell de la República?
Carles Puigdemont es el presidente del Consejo de Gobierno desde su fundación y, como tal, controla las líneas generales de todo el Consell de la República. La asociación se crea a imagen y semejanza de él. Al ser una entidad privada, también controla la financiación que, todo indica, se nutre de las cuotas de los socios y de las aportaciones en forma de donaciones que recibe. El vicepresidente del Consejo de Gobierno es Toni Comín, exconsejero de la Generalitat en 2017, eurodiputado y prófugo de la Justicia. También en el gobierno están Lluís Puig (también se fugó en 2017) y, entre otros, los diputados autonómicos de Junts Antoni Castellà y Aurora Madaula y el cantautor Lluís Llach.
¿Tiene esta asociación algún valor real y jurídico?
En España, no. La entidad está registrada en Bélgica y tiene la relevancia política que los partidos y entidades independentistas quieran darle. Por ejemplo, en el acuerdo de gobierno entre Junts y ERC, de 2021, que permitió a Pere Aragonès convertirse en presidente de la Generalitat de Cataluña, los de Junts intentaron imponer que el Consell fuera tenido en cuenta como una organización reconocida y superior a la ” Generalitat autonómica”. Esta exigencia fue motivo de fuerte discusión entre los de Oriol Junqueras y Puigdemont, ya que supondría la subordinación de la Generalitat a una entidad sin control. No aceptar esa subordinación fue uno de los motivos por los que Junts rompió con ERC en el Govern.
¿Existe un sector crítico dentro del Consell?
Es prácticamente inexistente. Hace unos días, una treintena de diputados de la Asamblea de Representantes (que contaba con 121 personas) publicaron una carta abierta a Puigdemont lamentando su control sobre el ‘legislativo’ y, entre otras cosas, acusando a Comín de beneficiar a los suyos con unos contratos por gastos innecesarios. gastos que fueron imputados a la Asamblea. Las críticas a estos ‘rebeldes’ también se dirigieron a la iniciativa de Puigdemont de querer suprimir la Asamblea. La presidenta de la ‘legislativa’, por ejemplo, Ona Curto (CUP) dimitió al conocer las intenciones del expresidente autonómico. Las críticas a Puigdemont son residuales.
¿De dónde surge la iniciativa que promueve el bloqueo de la investidura?
Lo que se sabe, hasta el momento, es que la iniciativa surge de uno de los socios del Consell de la República que obtuvo mil avales digitales (1.064, en concreto), lo que obliga al Consell a proponer la consulta directa a los socios (algo más de 90.000) . No es una iniciativa del Consejo de Gobierno, por lo que, en principio, no cuenta con el aval de Puigdemont. El resultado de la consulta, más allá de la fecha que retrasará la posible investidura de Sánchez hasta después del 24 de octubre, como pronto, puede utilizarse en la negociación con el PSOE y, además, puede limitar la actuación del interlocutor de Junts, que es El propio Puigdemont.