La Audiencia Nacional ha revocado el archivo provisional de la pieza separada del ‘caso 3%’ en el que varios Cargos de convergencia por donaciones al partido con la supuesta finalidad de financiar ilícitamente dicha formación, lo que comúnmente se ha conocido como ‘pitufeo’.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal estima el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, de cerrar la investigación al no existir indicios de lavado de dinero. .
Los jueces de la Sección Cuarta explican que “ante la información ofrecida por el Ministerio Público en relación con la existencia de indicios de posible financiación ilegal Por parte del CDC, la investigación realizada por el instructor debe continuar”, acordando por tanto una ampliación de la misma.
Es por ello que la Sala solicita al juez que “solicite los informes que estime oportunos a fin de determinar la existencia de posibles conductas delictivas por el delito de blanqueo de capitales, requiriendo, en su caso, la documentación bancaria que pueda existir sobre las imposiciones bancarias de los investigados”. realizadas en fechas cercanas a las donaciones.
En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal del caso, José Grinda, señaló que las actuaciones ponen de manifiesto cómo “diversas empresas han realizado de forma continuada comportamiento interesado de donaciones a fundaciones directamente relacionadas con la formación política del CDC.”
Además, ha añadido que camuflan la realidad de “una auténtica conducta de cohecho para obtener la adjudicación de contratos a través de organismos públicos dependientes de la Generalitat de Cataluña”.
Según explicó el fiscal, lo relevante de esta conducta es la prueba de que la extinta CDC buscó y encontró “formas de financiación a costa del interés público y en beneficio de determinadas empresas, siendo esto constante”. Así, ha subrayado que en la pieza principal del ‘3 por ciento’ ha confirmado esta forma de actuar, que tampoco es nueva sino que es una “mera continuación de la estructura del llamado caso Palau” –ya juzgado–.
Las tres formas de financiación
Así, insistió en que desde 1999 CDC estableció sistemáticamente un triple canal de financiación al margen de la legalidad, “canales que actúan simultáneamente”: “Uno, las donaciones a entidades afectadas por CDC; dos, la simulación de servicios y acuerdos con empresas que luego se beneficiaron de contratación pública y tres, entregas de efectivo.
En este sentido, y apoyándose en la documentación incautada en los registros de la sede del partido y en las distintas declaraciones de imputados y testigos, el fiscal destacó que existen “datos objetivos sobre la generación y tenencia de efectivo, no declarados por el CDC de de empresas que buscan con ello ser beneficiado en la contratación pública«.
La carta también enumera una serie de responsables de CDC, entre ellos directivos como Jordi Jané, Irene Rigau, Jordi Moltó y Felip Puig, de los que enumera donaciones, y subraya que todos ellos son afiliados al partido político. Y también aseveró que se ha podido comprobar “la existencia de una coordinación superior” que gestionó los tiempos para que se realizaran estas donaciones.
El juez no apreció ninguna prueba
Pedraz, en su auto de archivo, destacó que estas diligencias fueron abiertas en abril de 2020 -por el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata- para conocer si se buscaba “un afloramiento de dinero procedente de la delincuencia” con fines de financiar ilícitamente al partido.
Y ha apuntado que tras haber realizado todas las diligencias solicitadas, incluido el informe de la Guardia Civil en el que se analizaba la operación de ingreso de efectivo vinculado a las donaciones, no había indicios.
En concreto, se examinó si se había ideado un sistema basado en la reversión en efectivo de la donación realizada por los investigados como forma de compensación por los ingresos iniciales, de modo que el efectivo en poder de CDC y de presumible procedencia ilícita, fuera pasar al circuito económico legal mediante la simulación de una donación, en lugar de ser un aporte realizado voluntariamente por el donante.
Entre los investigados se encuentran el extesorero de CDC Daniel Osacar -condenado por el caso Palau-, el también extesorero de CDC Andreu Viloca, el exgerente de esa formación Germá Gordó, el exconcejal y exnúmero 2 de los convergentes Felip Puig y el también excatalán la concejala Irene Rigau.
El juez recordó que los investigados declararon que las donaciones realizadas respondían a contribuciones extraordinarias que fueron solicitados por CDC en su calidad de militantes y, en particular, en respuesta al cargo público o responsabilidad institucional que algunos de ellos ocupaban como consecuencia de los problemas de tesorería que, según les dijeron, atravesaba la formación en esos años. “La explicación dada, con lo hecho, no ha sido desvirtuada”, subraya el magistrado.
Por un lado, explicó que no se puede afirmar que las donaciones realizadas tuvieran como objetivo introducir en el tráfico económico cantidades provenientes de un hecho ilícito anterior. “No hay fundamento para afirmar que el origen de los fondos procediera de la trama del caso Palau, ya que no hay ninguna diligencia para demostrarlo”, advierte.