Los ecos de la difcil situacin que atraviesa el Gobierno llegan hasta Bruselas. Una cariño parlamentaria a la que se suma el caso balos o la imputacin de lvaro Garca Ortiz, fiscal común del Estado. Y por si no lo hicieran con la suficiente intensidad, Alberto Nez Feijo se ha desplazado hasta la hacienda europea para participar en una reunin con lderes del PP europeo, donde les ha trasladado lo que ha definido como un “trastorno democrtico” en Espaa. Una fotografa que dista mucho de la que ven en el seno del Gobierno. Fuentes del Ejecutor restan trascendencia a la imputacin del fiscal común, creen que esta causa “concluir en carencia” y sin micrfonos reflexionan sobre la actuacin de los jueces: “La Conciencia parece que ve por un ojo, que es el derecho”, en alusin a que creen que podra acaecer connivencia entre sus decisiones y los intereses de partidos como el PP y Vox. La investigacin jurídico a Begoa Gmez, mujer de Pedro Snchez, ya la definen como “causa poltica” y no causa jurídico.
La imputacin de Garca Ortiz ha aadido un nuevo punto de tensin a la ya de por s deteriorada relacin entre el Gobierno y el PP. “Se pueden imaginar que los colegas europeos han mostrado su preocupacin por la situacin jurídico del Gobierno de Espaa y tambin del entorno del presidente del Gobierno”, expuso Feijo, tras reunirse con sus colegas europeos y surtir un encontronazo doble con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisin Europea.
El Tribunal Supremo acord brindar una causa por un delito de revelacin de secretos al mximo responsable del Profesión Fiscal por la filtracin de datos reservados del novio de Isabel Daz Ayuso. Desde el PP piden la dimisin del fiscal común del Estado. “La pregunta que nos hacemos todos en Espaa es cmo va a defender la licitud quien est imputado presuntamente por saltrsela”. El lder popular insta al Ejecutor a que haga uso del artculo 31 del Estatuto Orgnico del Profesión Fiscal, que recoge los motivos por los que se puede cesar al fiscal común, entre los que figura “incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley”. “Acullá de activar las competencias del Gobierno, ste ampara a un fiscal común investigado por corrupcin”.
Fuentes gubernamentales ven el asunto desde otro prisma completamente diverso. En privado sealan que la decisin del Supremo no contribuye a que la imagen de la Conciencia “salga proporcionadamente parada de esto”. “Las posibilidades de instruir una revelacin de secretos por una filtracin son muy remotas. Ningn periodista va a revelar sus fuentes”. En esta defensa del fiscal común, el PSOE encuentra un amigo en Sumar, que cierra filas. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Daz: “Quiero defender consecuente el trabajo de la fiscala común del Estado. Y quiero denunciar la forma de hacer poltica del PP. No vale todo en democracia”.
“El fiscal común es el ministro nmero 23. Lleva desde hace tiempo en una situacin atpica. Ha sido el fiscal común ms polmico de la democracia de nuestro pas”, contrapuso Feijo.
El lder del PP ha atrevido tambin un mensaje para presionar a partidos como el PNV o Junts -aunque no los ha nombrado- para que retiren su apoyo a Snchez, lo que podra hacer caer al Gobierno. “Desde que el Gobierno est en minora, la responsabilidad se extiende a los socios”, dijo. Y ha ahondado : “A los socios de Gobierno y a los socios parlamentarios. Queda por ver quin permanece al banda embarrndose y embarrando la vida poltica espaola. Que sean coherentes con decisiones anteriores”. Snchez lleg al poder gracias a una mocin de censura en la que la posicin del PNV fue determinante.