La Diputación Provincial de Castellón planta cara a la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno e incrementa un 127% el presupuesto para admitir la dirección administrativa de este tributo en 59 municipios.
La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha explicado que para el próximo gimnasia, la institución provincial va a destinar 3,2 millones de euros para la subasta de los tres contratos que darán cobertura a 59 municipios, frente a los 40 que había hasta el momento y que suponían 1,4 millones.
Y es que, hasta el momento, la Diputación contaba con una encomienda de dirección compuesta por tres contratos destinados a resolver los residuos de 40 municipios. Estos tres contratos agruparán a municipios: Stop Mijares (6 municipios), Stop Palacia (28 municipios) y Ports – Alt Maestrat (25 municipios). A partir de ahora serán 59 los municipios que gestionará la institución provincial es asegurar, un aumento del 47,5%. Lo que supone una inversión de 3.225.000 euros (un 127% más)
Como ha subrayado la presidenta Marta Barrachina, «vamos a ayudarles a resolver sus residuos para animar los municipios y mejorar sus servicios».
Y es que, adicionalmente del incremento anunciado para el convenio que saldrá a subasta ayer de año, la Diputación amplía la encomienda de dirección para que puedan incorporarse los municipios de menos de 20.000 habitantes. Con esta nueva medida, ya son 17 los municipios que han formalizado su solicitud y en un futuro se sumarían a los 59 municipios actuales, haciendo un total de 76. La dirigente provincial ha añadido que a la encomienda de dirección por parte de la Diputación de Castellón podrían incorporarse hasta 127 municipios de la provincia. «Esta ampliación nos permite robustecer nuestra red de apoyo y replicar de forma más efectiva a los desafíos a los que se enfrentan estos municipios».
Durante su comparecencia, Marta Barrachina ha mostrado su rechazo cerca de «esta tasa que afectará a los 135 municipios y más de 600.000 vecinos de la provincia».
«Para comprender la magnitud del problema, es fundamental comenzar desde el principio». Al respecto, a causa de una osadía del Gobierno Central, todos los ayuntamientos van a estar obligados a cobrar una tasa de residuos a sus vecinos. «Una medida recomendada por la Unión Europea pero presentada como obligatoria por el Gobierno de España y ha sido impuesta sin que los ayuntamientos hayan recibido las herramientas necesarias para gestionarlo adecuadamente», ha lamentado la presidenta de la Diputación, quien ha añadido que «ello está generando una gran dificultad para muchos de ellos, especialmente para los municipios más pequeños donado que los ayuntamientos no disponen de la capacidad económica ni técnica ni jurídica suficiente para poder afrontar esta nueva imposición que claramente les perjudica«.
«Desde la Diputación comprendemos la carga que esta obligación representa para nuestros municipios y nuestra prioridad es estar al costado de los ayuntamientos porque entendemos que no pueden afrontar solo esta nueva exigencia sin los medios necesarios».
A través de las medidas implantadas, la institución provincial ofrece a los municipios la posibilidad de delegar la dirección de la nueva tasa residuos en la Diputación, que se encargará directamente de la colecta. «Nuestro servicio de colecta se ocupará de todo el proceso y transferirá los fondos correspondientes a cada consistorio, liberándolos de la carga administrativa que supone esta tarea», ha explicado Marta Barrachina, quien ha hecho hincapié en que «esta medida es especialmente importante para los municipios pequeños, que suelen tener desidia de personal y de los medios necesarios para poder manejar estos trámites». A todo ello, se suma la problemática que supone crear una decreto para una tasa «que no saben positivamente cómo aplicarla».
En conclusión, Marta Barrachina ha afirmado que «desde la Diputación no nos quedaremos de brazos cruzados e iremos de su mano, ayuntamientos, mancomunidades, para que sea lo más practicable posible este proceso que tenemos que tener lugar todos».
Adicionalmente de todo ello, el Gobierno Provincial ha presentado una moción al pleno del próximo martes 22 de octubre para mostrar su rechazo a que el coste total de la nueva tasa de basura que impone el Gobierno repercuta en la ciudadanía y exigir una moratoria. Así, a través de la moción, la institución provincial instará al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 7/ 2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados en tanto no se establezcan unos criterios claros que sirvan de orientador para que todos los ayuntamientos impongan la tasa. Además exigirá al Gobierno Central a replantear o estudiar métodos más flexibles de transición y de igual forma prestar ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el ciudadano no cargue íntegramente con la tasa.
Asimismo, la Diputación de Castellón mostrará su rechazo a repercutir el 100% del coste de la recogida de residuo en la ciudadanía, e instará al Gobierno de España a que tengan en cuenta las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que incluso se oponen.