La provincia de Málaga es según todos los informes del Cárcel de España, del Instituto Franquista de Estadística o del Empleo de Vivienda la que concentra una peor situación en cuanto al comunicación de la vivienda por la subida de precios del arriendo y la traspaso. Desde allí, el presidente andaluz, Juanma Bronceado, y el PSOE, como principal partido de la examen, coincidieron en proponer un gran acuerdo entre el Ejecutante Central, la Compañía autonómica y los ayuntamientos para promover más viviendas protegidas. Pero, al ganancia de este mensaje de promover más pisos, las dos formaciones discrepan en los motivos de la contemporáneo situación y en las recetas para resolverla.
El presidente andaluz, Juanma Bronceado, volvió a tolerar desde Marbella, «el problema de la vivienda en Andalucía y en España» que atribuyó a la «enorme tensión por la escasez de suelos»: «Si el suelo es más rebajado, la vivienda, por consiguiente, será más trueque. Hay demasiada burocracia en la tramitación de los suelos y mucha presión fiscal».
Para afrontar este deuda de vivienda, Juanma Bronceado incidió en la importancia de que se calibre un acuerdo tripartito entre la Compañía del Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos para que se puedan «destinar más fortuna públicos a hacer vivienda».
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el secretario universal del PSOE de Málaga, Daniel Pérez
Desde el PSOE, el secretario universal de los socialistas de Málaga apuntó en esta misma recta y subrayó que es imprescindible una alianza por la vivienda para «dotar de viviendas a la ciudadanía, ya sea en transacción o en arriendo, un parque sabido de vivienda de protección oficial».
«Es muy necesario que de una vez por todas los ayuntamientos tomen la iniciativa de la construcción de vivienda de VPO a un precio asequible, lo que no se puede permitir es que haya vivienda de VPO que tenga un precio por encima de los 200.000 euros. Hace errata intervenir el mercado de la vivienda y para eso hay que tomar medidas contundentes por parte de la Asociación de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia de vivienda», expuso el dirigente socialistas tras una reunión con el montón municipal en el Junta de Málaga.
Críticas de los grupos de izquierda
Los grupos de la izquierda andaluza mantienen una posición crítica con las medidas que se han acogido en materia de vivienda tanto por parte del Gobierno central (en el que los socios mantienen estrategias distintas) como por parte de la Asociación de Andalucía.
El coordinador universal de IU Andalucía, Toni Valero, ha reclamado a la Asociación de Andalucía que aplique la ley estatal en la comunidad autónoma con la manifiesto de zonas de arriendo tensionado e intervenir en los precios y que establezca medidas contundentes para frenar las viviendas con fines turísticas. «Bronceado pretende un lavado de cara por su inacción en vivienda», señaló.
La formación Delante Andalucía, que elevó la situación de la vivienda a la sesión plenaria a través de su portavoz José Ignacio García, reclama que las políticas públicas autonómicas se centren en este ámbito y que se ejecuten expropiaciones. Según el extremo censo del INE, en Andalucía hay 640.000 viviendas vacías, lo que supone el 13% del parque residencial total.