El Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno (CTBG) se ha dirigido al Ministerio de Asuntos Exteriores para reiterar que debe cumplir con la resolución el pasado 7 de julio por la que se le impuso la obligación de publicar las circulares que hubiera enviado a los consulados relativas a los procesos de nacionalización expresa de descendientes de españoles en el extranjero.
Esta es la primera reiteración del deber de cumplimiento establecido por Transparencia antes de las elecciones generales de 23 de julio porque se entiende que estas circulares, que afectan directamente al procedimiento de acceso a la nacionalidad española y pueden tener, entre otras consecuencias, incidencia en el censo electoral, son de acceso público y, por tanto, deben estar al alcance de la los ciudadanos.
En ese momento, la CTBG le dio al Gobierno diez días para difundir las circulares, sin haber cumplido hasta la fecha la resolución. Ahora, a petición del abogado que reclamó esa información, Guillermo Rocafort, este organismo autonómico remite una primera reiteración de cumplimiento al Ejecutivo.
Que, según informó torrevieja news today, estaba firmado por el presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez Álvarez, y a lo largo de nueve páginas contradijo todos los argumentos que el Ejecutivo venía argumentando desde hacía seis meses que no se publicaran las circulares, por ser sólo documentación auxiliar o por ser confidenciales.
“No proceden las causas de inadmisibilidad y los límites invocados”, concluye este organismo público, recordando “el derecho de todas las personas a acceder a la información pública»y fallo a favor del citado abogado, quien ya había solicitado el acceso a dichas circulares el pasado mes de octubre.
Contiene “las directrices” de la Ley de la Memoria
La decisión cuyo cumplimiento se exige ahora por segunda vez al Gobierno recordaba al Ejecutivo “que el cumplimiento del plazo máximo de respuesta es un elemento esencial del contenido del Derecho Constitucional de acceso a la información pública” por decisión del propio legislador, afeando así las dilaciones, y concluyó que él tenía que entregar dichas circulares.
“Dado su contenido, en la medida en que contenga la lineamientos interpretativos de la Ley de Memoria Democrática y las instrucciones a seguir respecto de las solicitudes de nacionalizaciones, tienen un componente decisivo en la forma de actuar de las Administraciones públicas y su aplicación a los terceros afectados”, establece el Consejo de Transparencia.