El próximo diciembre vence el plazo de 1.687 millones que el Gobierno de Ximo Puig no ejecutó
Así lo confirma el recién nombrado director general de Fondos Europeos y Sector Público, Jess Gual, que advierte del “alto riesgo” que supone tener que devolver los fondos que el anterior ejecutivo de izquierdas dejó sin ejecutar. La alta posición de Autoridades fiscalesDe hecho, habla directamente de “infraejecución”, lo que obligará al nuevo Ejecutivo a organizarse para poder ejecutar en diciembre el 55% de los fondos estructurales obtenidos por el Comunidad Valenciana para el periodo 2014-2020.
“Vamos a poner todos nuestros esfuerzos en solucionar esta circunstancia, aunque no es nada fácil”, lamenta Gual, quien destaca que el Gobierno de Ximo Puig sólo pudo ejecutar el 45% de los 3.062 millones de euros adjudicados en ocho años, lo que supondría para el Consell de Carlos Mazón tener que apresurarse para ejecutar el 55% restante en medio año. Una “tarea titánica”, resume.
La cifra ejecutada correspondiente a los fondos estructurales es de 1.375 millones de euros, que es la cantidad certificada a fecha de mayo, según Gual. Los 1.687 restantes que están pendientes provienen del Fondo Social Europeo y de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por tanto, en palabras del director general, se trata de “asuntos de muy alto perfil”. Es decir, el dinero que corre el riesgo de perderse es el que debería destinarse a programas de empleo, inclusión social, educación, investigación, competitividad de las pymes o descarbonización.
Hay hasta diciembre para informar la ejecución de estos fondos estructurales, aunque en paralelo también deben ser absorbidos los llamados fondos. Próxima generaciónes decir, la línea presupuestaria que permitió unión Europea a raíz de la crisis COVID-19. En este caso, la situación también es “muy delicada”, en palabras de Gual.
Según el director general, en los presupuestos de 2022 y 2023 se presupuestaron 2.116 millones de euros, mientras que sólo se han ejecutado 564, es decir, el 26%. No es hasta junio de 2026 cuando todo debe certificarse ante la Comisión Europea, aunque la Generalitat deberá hacerlo primero ante el Gobierno de España, por lo que el plazo se reduce unos meses.
Gual denuncia también que se han encontrado con herramientas de gestión obsoletas y, más concretamente, sin una aplicación informática que permita seguir en tiempo real la ejecución de los fondos. La alternativa urgente, por tanto, ha sido instruir a los funcionarios para que anoten cada paso y planifiquen reuniones semanales con los centros gestores de fondos para tener una fotografía actualizada de su implementación.