El Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Córdoba, reunido en la tarde de este viernes, ha mostrado su rechazo frente a la tasa de recogida de residuos «impuesta» por el Gobierno de España, y que, a razón de la formación, repercute de forma negativa en los vecinos de cada municipio.
En un manifiesto, el Consejo ha concretado que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una capital circular ha supuesto «un nuevo mazazo» para los ayuntamientos españoles y sus vecinos en el que «el Gobierno central ha demostrado, una vez más, desatiendo de empatía, de diálogo y de capacidad de trámite respecto a un asunto importante en materia de capital circular y sostenibilidad que ha terminado convirtiéndose en un paso más con destino a la asfixia financiera de la delegación lugar».
Asimismo, señala que esta ley recoge el refrendador de una directiva europea que propone calcular el consumo de residuos por hogar y los niveles de reciclaje, de tal forma que peligroso a aquellos que más contaminan, si perfectamente matizan que la directiva europea «no establece el régimen de aplicación, por lo que cada Estado miembro decide cómo se articula».
«El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido regular esta directiva mediante la imposición de una tasa de recogida de residuos que cada cabildo deberá repercutir a todos sus vecinos, con la dificultad añadida de que será asimismo la delegación lugar la que deberá adaptar su servicio a la falta de calcular el nivel de vivientes de residuos de forma individual, lo que se traduce en millones de euros de inversión en nuevos contenedores y maquinaria, sin ningún mecanismo de financiación extraordinaria», ha recriminado al Ejecutante los alcaldes.
Estos representantes municipales del Partido Popular de la provincia de Córdoba consideran una «injusticia evitable por parte del Gobierno central, que sólo se acuerda de los ayuntamientos para delegar más servicios sin que vengan acompañados de capital económicos».
Tributos propios
En presencia de esta situación, el Consejo de Alcaldes propone un aplazamiento del meta de ejecución establecido por la Ley para el pleno funcionamiento de esta tasa, actualmente fijado en el 1 de abril de 2025.
Encima, pide respetar la autonomía municipal y recordar la independencia de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, «permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la trámite de los residuos, con capital económicos disponibles en el presupuesto municipal».