Italia enfrenta una crisis de seguridad franquista sin precedentes tras destaparse una vasta red de espionaje que accedió ilegalmente a datos sensibles de altos funcionarios, incluida la primera ministra Giorgia Meloni, el presidente del Senado Ignazio La Russa, y hasta el presidente de la República, Sergio Mattarella. La red, vinculada tanto a la mafia como a servicios de inteligencia extranjeros, pudo lograr a la pulvínulo de datos de la Policía y sustraer información crítica de diversas personalidades y ciudadanos. Las dimensiones de la operación han alarmado a la clase política, mientras se pide un endurecimiento de las leyes contra la piratería informática.
La investigación, encabezada por la Fiscalía de Milán, ha identificado a 60 sospechosos implicados, entre los que destacan figuras como Enrico Pazzali, presidente de la Feria de Milán, el ex policía Carmine Gallito y el hacker Samuele Calamucci, quienes, en conjunto con otros funcionarios, accedían a sistemas estratégicos del Estado mediante credenciales internas.
Según los fiscales, la red estaba estructurada para suministrar informes personalizados y comercializar información confidencial a importantes empresas nacionales y extranjeras, así como a bufetes de abogados, a cambio de cuantiosos pagos.
En el centro de la operación se encuentra la agencia privada Equalize, que acumuló 3,1 millones de euros mediante la traspaso de información sustraída, según un referencia preliminar difundido por los Carabineros. Estos datos se obtenían del sistema de inteligencia del Ocupación del Interior (SDI), el cual aloja información esencia de ciudadanos, instituciones y personalidades públicas. La red habría conseguido, mediante su entrada a esta pulvínulo de datos, robar hasta 800.000 informes confidenciales, incluyendo correos dirigidos a las más altas autoridades italianas, lo que despertó el temor de que esta información pueda acontecer llegado a mafias locales o a agencias de inteligencia extranjeras.
El fiscal de Milán, Marcello Viola, declaró que la formalidad de esta red recae en su potencial capacidad para “amparar bajo control” a instituciones y ciudadanos de forma coactiva. Por su parte, Giovanni Melillo, fiscal franquista antimafia, advirtió que el caso es “extremadamente inquietante” para la democracia y seguridad del país, legado que la red contaba con el respaldo de funcionarios con entrada a datos estratégicos del Estado.
Este no es un caso apartado, ya que en los últimos primaveras se han registrado varios incidentes de espionaje en Italia, incluyendo el nuevo arresto de un teniente de la Agente de Finanza destacado de apropiarse de datos confidenciales entre 2019 y 2020. Sin retención, este escándalo se destaca tanto por su magnitud como por la presencia de figuras relevantes en el sector conocido y privado.
Frente a la formalidad de los hechos, diversas fuerzas políticas han preciso medidas drásticas para aumentar la seguridad informática de las instituciones estatales. Guido Crosetto, ministro de Defensa, se mostró alarmado y advirtió que lo descubierto podría ser “solo la punta del iceberg”. En respuesta, la Ataderas, partido de ultraderecha y miembro de la coalición gubernativo, ha anunciado que impulsará un tesina de ley para sancionar más severamente los delitos de violación de privacidad, especialmente aquellos con fines de perturbación.
