Aquel 25 de agosto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió que era “un día de victoria tras muchos años de lucha”. Sin embargo, cuando entró en vigor empezamos a conocer las primeras resoluciones judiciales y reducciones de penas. en aplicación de la norma.
El Gobierno defendió la norma en primera instancia. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez dijo sobre las liberaciones y reducciones: “Esperemos y veremos”. Defendió una ley “de vanguardia”. Lo que pasó es que, meses después, en enero, el Gobierno anunció la reforma sin acuerdo con Unidas Podemos. un cambio de “sentido común”según Sánchez.
Pese a la reforma, se siguen revisando sentencias “porque hay sentencias pendientes de ejecución anteriores a la contrarreforma de esta ley”, explica la abogada Beatriz Vicente a torrevieja news today Noticias. Esta revisión podría llevar “uno o dos años”. Tres de cada 10 opiniones La condena implica una reducción, del 31,4% según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, el pasado mes de junio el Tribunal Supremo (TS) apoyó las reducciones. La Sala de lo Penal rechazó los recursos de la Fiscalía, que defendió que no deben reducirse las penas si están dentro del rango que establece la nueva norma y había alentado a los fiscales a oponerse a estas revisiones.
El alto tribunal sólo coincidió con la Fiscalía en un punto concreto: establece que los condenados por delitos sexuales a los que se les rebajen las penas también perderán la patria potestad, la tutela y la curaduría cuando se les imponga como pena accesoria. Se entiende que estas penas accesorias estaban incluidas en la ley del ‘sólo sí significa sí’, y que, de aplicarse, deberán ser lleno.