El Congreso da hoy luz verde a la toma en consideracin de la proposicin de ley de Seguridad Ciudadana pactada por los dos partidos que integran el Gobierno -PSOE y Sumar- con EH Bildu. A partir de este momento, la iniciativa se tramitar con carcter de necesidad a fin de que pueda ser definitivamente aprobada ayer de fin de ao. A cortesía de su tramitacin votarn PSOE, Sumar, Bildu, ERC, PNV, BNG, Podemos y Junts. No obstante, en el procedimiento que ahora comienza, varios grupos han anunciado ya su intencin de presentar enmiendas al texto y con particular dureza lo ha hecho Junts quien ya ha avisado de que no pude asegurar que al final la iniciativa llegue a buen puerto.
La activacin parlamentaria de la proposicin de ley es perspectiva por parte del Gobierno como una prueba de la solidez de su mayora parlamentaria. Con el voto a cortesía por parte de todas las formaciones a excepcin de PP, Vox y UPN, el Ejecutor pretende demostrar el plancha a su cortesía de los partidos que conformaron el bando de la investidura.
El debate sobre esta iniciativa se ha conocido contaminado por las nuevas imputaciones del enjuiciador Peinado a Begoa Gmez, las denuncias de abusos sexuales contra el ex portavoz de Sumar, igo Errejn, y la ‘polica patritica’ del PP. De forma que unos y otros se han conminado a no darse lecciones y por supuesto a no aceptarlas de nadie.
La ley contempla medidas como la graduacin de las sanciones en funcin de la capacidad econmica del infractor; tambin la posibilidad de evitar la sancin si se pide perdn a la parte ofendida, por ejemplo en el caso de faltas de respeto y desobediencia a la autoridad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, adems, por lo que se refiere a las faltas de respeto, slo sern sancionables si se consideran lo suficientemente relevantes. La medicin de la relevancia no queda definida.
Adems, y en funcin del pacto apurado con Bildu, se incluye el compromiso de retirar “progresivamente”, sin horizonte definido, las pelotas de caucho como material antidisturbios y sustituirlas por otro tipo de instrumentos “menos lesivos”. Igualmente se contempla la promesa de, transcurridos seis meses de la entrada en vigor de esta nueva ley, chocar una reforma de la Ley de Extranjera para en su caso instalar en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla puestos en los que se evaluarn las circunstancias de las personas que hayan entrado irregularmente en condado franquista a fin de comprobar si pueden ser beneficiarias del derecho de inclusa, ayer de su posible devolucin en caliente.
Choque entre PSOE y PP
El portavoz del PSOE, David Serrada, ha dedicado buena parte de su intervencin a arremeter contra los populares a quienes ha acentuado de “parapetarse tras los trabajadores del Empleo del Interior para atacar al Gobierno”. “Son ustedes una estafa”, son “los que saquearon efectivos y medios” y los que “utilizaron a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para tapar su corrupcin”. “Esta ley va a ser el fruto del acuerdo de la mayora de esta Cmara”, ha experto el representante de los socialistas que ha reprochado al PP situar siempre “por lo que va en contra de Espaa”.
El diputado ha afirmado que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015 no tena otro objetivo que autoprotegerse y por eso, ha recalcado, “pusieron en marcha una polica patritica, recortaron el derecho a huelga y dificultaron el paso al derecho de manifestacin. Naci con el objetivo de calmar la crtica social”, ha concluido.
La respuesta ha llegado de la mano del portavoz del PP, Miguel Tellado, para quien esta ley “alquilada al mejor postor” es la prueba de que el Gobierno “est podrido”. El popular ha asegurado que su partido, si llega al Gobierno, la derogar. Tellado ha afirmado que la intencin del Gobierno “no es guiar, sino resistir pagando peajes”, y ah ha citado la amnista rendida frente a Junts, el cupo separatista pagado a ERC y la reduccin de condenas a etarras y la disminución de la proteccin de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por exigencia de Bildu, un partido, ha dicho, “que lleva en sus listas y homenajea a etarras”. Para el PP, con el Gobierno de Snchez “la ley la hace el delincuente”.
Enrique Santiago, por parte de Sumar, ha insistido en la “necesidad democrtica” de anular la ley del PP con todos sus “contenidos liberticidas” y ha defendido la norma como “marcadamente progresista” y defensora de los derechos y libertades ciudadanas. Tambin el diputado de Bildu, Jon Iarritu, ha asegurado que la ley del PP que ahora se pretende derogar tena como objetivo “asustar” a la masa y lo mismo ha mantenido el PNV para quien la norma de los populares tena una “visin autoritaria” para “calmar la crtica”.