El Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo investiga desde febrero la desaparición y destrucción de documentos “sin control” en el Catastro de Castilla-La Mancha, con sede en la capital regional, que podría formar parte de “una eliminación masiva” sin ningún registro .
Por la sede judicial ya han pasado tres funcionarios de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, incluido el actual responsable, pero no han aclarado el destino de la documentación oficial que se investiga, en concreto dos certificaciones catastrales. Un cuarto testigo, ex responsable del Catastro en el momento de su eliminación, podría ser el próximo en comparecer para conocer su rastro.
«Hasta la fecha no se sabe quién ordenó la destrucción, ni el nombre de la empresa que los destruyó, ni cómo ni cuándo. Se trata de dos certificados que fueron destruidos sin control junto con cientos de documentos más, ¡cuidado!», advierte el abogado Javier Gallego, implicado en el caso.
Una disputa, el comienzo
Esta investigación judicial tiene su origen en un procedimiento civil: una empresa constructora y una familia litigaron sobre la propiedad del terreno donde construyó su casa en el casco urbano. El litigio, iniciado hace años, llegó a la Audiencia Provincial de Toledo y al Tribunal Supremo, donde la familia perdió definitivamente el pleito y la sentencia quedó firme.
La familia Sospechaba que los documentos que presentó la empresa no eran originales, sino copias falsas que los jueces habían validado. Pero entonces no se atrevió a denunciarlo. Así lo explica Javier Gallego, su actual abogado, que luego llevó sus sospechas a una audiencia provincial: un presunto fraude procesal porque esos documentos catastrales estaban supuestamente falsificados.
«Francisca Cáceres, uno de los mejores expertos en caligrafía y documentoscopia de España, lo ha confirmado“dice la abogada. “El documento dudoso no es original” y “la firma dudosa es una copia (…) que ha sido insertada en el documento dudoso mediante algún sistema de reprografía, generando una fotocomposición”, concluye la experta 23- informe de la página.
Durante la investigación de ese juzgado, la Gerencia Territorial del Catastro informó por escrito, el 24 de mayo de 2021, que las certificaciones solicitadas no estaban disponibles y explicó el motivo: “Estaba sujeto a eliminación según la autorización contenida en la Resolución de 25 de abril de 2017 de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación de determinadas fracciones de series documentales específicas del Tesoro, conservadas en los archivos del Departamento y, en su caso, en el Archivo Histórico Provincial, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de mayo , 2017.
“No aparece en nuestras bases de datos”
Sin embargo, El abogado de la familia exigió la información que debe acompañar a esta eliminación de documentos: un registro en el que se debe consignar la fecha de destrucción, el volumen, el sistema utilizado y la relación de la documentación eliminada y las muestras conservadas, además de la certificación emitida por la empresa contratada.
El abogado agregó que el original del informe y la relación de la documentación eliminada, así como las muestras y certificaciones conservadas, deben quedar en el expediente de destrucción instruido. También dijo en su escrito que tampoco podrían eliminarse aquellos expedientes que sean objeto de un recurso administrativo o económico-administrativo, y que se encontraban pendientes de resolución o de un fallo definitivo por parte de la autoridad o tribunal encargado de investigar el caso.
El 25 de octubre de 2021, el juzgado solicitó al Catastro las muestras conservadas de estas certificaciones y su informe sobre la fecha de destrucción. Días después, el 9 de noviembre, el responsable del Catastro de Castilla-La Mancha confirmó las sospechas de la familia: «Una vez realizadas las oportunas comprobaciones en las bases de datos informatizadas, Esta Dirección Regional de Catastro informa que no aparece en nuestras bases de datos catastrales ni muestras conservadas de las certificaciones solicitadas ni el informe de la fecha de su destrucción.
El pasado mes de enero, el abogado aportaba toda esta información en la denuncia que interpuso en los juzgados de Toledo contra la Dirección Territorial del Catastro, a la que acusaba de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, regulado en el Código Penal. En su escritura, advirtió sobre una “serie de irregularidades presuntamente delictivas” haber incumplido, por parte de los responsables de una administración pública, todos y cada uno de los mandatos legales preceptivos y necesarios para la destrucción de documentación. Un escándalo absoluto en toda regla.
El juez Jesús Yunta abrió diligencias preliminares el 17 de febrero porque presuponía la “posible existencia de delito”. Desde entonces, además del denunciante en representación de la familia, han pasado por el juzgado tres funcionarios del Catastro, donde ahora otro juez se ha hecho cargo de este asunto. Los tres lo han hecho como testigos -el último, el pasado martes-, pero aún no está claro qué ha pasado con las dos actas que podrían sacar a la luz “una serie de irregularidades presuntamente delictivas”, según Javier Gallego. Este abogado ya anuncia su próximo paso a la espera del próximo movimiento del juez: va a solicitar la comparecencia del responsable que estaba a cargo del Catastro cuando se cree que los documentos desaparecieron.