Las denuncias sobre discriminación lingüística en la Comunidad Valenciana también han llegado a distintos juzgados ubicados dentro de la autonomía. Según el último informe sobre vulneraciones lingüísticas publicado por la Plataforma per la Llengua, con el apoyo institucional de la Generalitat de Cataluña, durante el año pasado se produjeron varios casos relacionados con la lenguaje utilizado en la corte.
El primero de ellos, según el documento firmado por la autoproclamada ‘ONG Catalana’, tuvo lugar en el Juzgado de Paz de Crevillente (Alicante), donde una vecina anciana acudió a realizar unos trámites burocráticos y supuestamente se encontró con un funcionario que le pidió que se dirigiera a ella en castellano y no en valenciano.
Según la denuncia, el empleado público, ante la insistencia del usuario en hablar en su idioma nativo, le dijo que se expresaría “en el idioma de cada uno”al mismo tiempo le aseguró que era de la comarca del Baix Segura, donde es habitual “no hablar ni entender valenciano”.
Plataforma per la Llengua lamenta que las expresiones del funcionario “discriminador” sean “reveladoras” sobre los “axiomas en los que se basa el supremacismo lingüístico castellano”, que a su juicio “es inherente a Nacionalismo español hegemónico.».
Asimismo, el habitual beneficiario de subvenciones públicas durante el mandato del socialista Ximo Puig al frente de la Generalitat asevera que “el español es la lengua tradicional del Baix Segura -con las excepciones de Guardamar del Segura y Barbarroja-, pero no del Baix Vinalopó”. , donde está destinado este funcionario. “Esta empleada no sólo tenía derecho a expresarse en este idioma, sino a exigir que los nativos también lo utilicen. El argumento es que el español es el idioma de todos, sin embargo la razón de su extensión y difusión conocimiento debe atribuirse a la intervención del Estado y de la desigualdad en el poder de los grupos lingüísticos de España”, subraya.
Controversia sobre el lenguaje de una frase
Paralelamente, la misma organización lingüística denuncia un segundo caso de violación de la lengua, en este caso, en un Juzgado situado en la localidad castellonense de Vinaroz, limítrofe con Cataluña. Allí, argumentan, la defensa de un ciudadano acusado de un delito de lesiones solicitó al juez que te avisaremos de la sentencia En valencianoalgo que se habría negado a hacer.
“El Tribunal se negó, alegando que la Ley Orgánica del Poder Judicial da libertad para realizar los trámites en el idioma oficial de su lección, con la única obligación de traducirlo al español si una parte lo solicita”, afirman. Asimismo, hace referencia a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado internacional que impide que se puedan realizar procedimientos judiciales en estas lenguas si una parte lo solicita.
Finalmente, pese a esta normativa, el magistrado se habría opuesto al entender que la defensa solicitaba la traducción a un idioma “que no es oficial en su lugar de residencia y que no tiene obligación de conocer”. el bufete de abogados tenía su sede en Cataluña y solicitó la sentencia en valenciano, pero el impedimento legal que mantuvo el juez responde a que los Estatutos de Autonomía de ambas regiones implican “que son lenguas diferentes”.
Al respecto, Plataforma cree que «la actitud cínica y negacionista, visiblemente maliciosa, del tribunal protagonista es más frecuente de lo que parece. La disposición de la Constitución sobre el estatus oficial del español nunca ha sido planteada ante ningún tribunal como un cuestionamiento de la unidad de esta lengua. Esta es una actitud sin base racional, eminentemente político y claramente malicioso».