Intentan que el caso sea perseguido por terrorismo y no acabe en Cataluña
El partido político Vox y la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia han decidido dar un paso en el resumen sobre Tsunami democrático y acudir a la Audiencia Nacional. Tanto la formación de Santiago Abascal como la asociación de Daniel Portero Han solicitado personarse en la causa como acusaciones populares.
La investigación sobre el Tsunami Democrático puso sobre la mesa dos episodios fundamentales: el colapso del aeropuerto del prat después del fallo de proceso en octubre de 2019 y la carretera fue cortada A-7 en la frontera con Francia. En ambos casos, contra estructuras críticas del Estado. Los informes de la Guardia Civil, tras cuatro años de investigación, han sido concluyentes. Y el juez instructor entiende que hay que actuar contra los acusados de delitos de terrorismo. Pero la Fiscalía sospecha. Apoyan su salida de la Audiencia Nacional, porque no consideran que se pueda hablar de terrorismo, ya que no se ha podido establecer, a su juicio, la existencia de una estructura. La Fiscalía sí cree que los hechos habrían sido calificados de sedición. Sin embargo, tras la desaparición de este delito por la reforma legal llevada a cabo por el Ejecutivo tras la negociación con ERC, habría que juzgarlos, sostienen, como desórdenes públicos agravados. Si se trata de un caso de terrorismo, el caso quedará en la Audiencia Nacional. En el caso de que se tratara de desórdenes, el sumario acabaría siendo trasladado a la jurisdicción catalana.
La causa se cruza con las negociaciones que el presidente en funciones Pedro Sánchez tiene abiertas actualmente con los independentistas catalanes, en las que la amnistía del 1-O es el primer pilar sobre la mesa.
Hasta ahora, para el Gobierno, la mejor solución ante este sumario era que el caso saliera de la Audiencia Nacional y viajara a Cataluña, para que se convirtiera en un asunto de desórdenes públicos y no de terrorismo, un asunto más complejo y que sin duda haría que difícil. la negociación sobre la amnistía que está sobre la mesa. Y hasta ahora, el Ejecutivo se mostró tranquilo ya que no había nadie presencialmente y la única acusación la está haciendo la Fiscalía, que defiende claramente que estos hechos son sólo desórdenes públicos. La aparición de estas dos posibles acusaciones populares puede cambiar la situación. El juez apuesta por mantener la causa por terrorismo, pero si no hay acusación que sustente la misma tesis no puede avanzar por ese camino. Si sólo queda la Fiscalía no le queda más remedio que remitir el caso a Cataluña.
Si finalmente el juez admite estas comparecencias, el caso podría quedarse en Madrid, ya que ambos defienden en sus escritos solicitando comparecencias que los hechos deben calificarse de terrorismo.
Según explican a este diario, hubo consultas para que el Partido Popular se personara en el caso, pero el partido de Alberto Núñez Feijó evitó el asunto y optó por el silencio.
En su escrito, Vox explica: Hemos conocido que el Juzgado al que nos dirigimos está investigando algunos hechos en relación con la conexión del Tsunami Democrático con la planificación de acciones terroristas o sediciosas, así como la posible conexión de dicha organización con la Comités de Defensa de la Repúblicacontra quien se ha concluido un sumario y cuyo proceso está pendiente por los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia, almacenamiento y fabricación de sustancias o artefactos explosivos inflamables de carácter terrorista, indica el texto al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Detalla que en el caso hay siete investigados imputados en lo que se conoce como Caso Volkhovdonde también está representado Vox: Oriol Soler Castañas, Xavier Vendrell, David Mad, Josep Lluís Alay, Jaume Caban, Marta Molina y Josep Campmaj.