Eso sí, el dictamen señala que “las actuaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían calificarse como delitos de tortura y otros delitos contra la integridad moral o delitos de detenciones ilegales”.
El dictamen de Amnistía presentado por Sumar limita su actuación del 1 de enero de 2013 al 17 de agosto de 2023. La amnistía cubriría a los políticos del procés, los actos terroristas de los CDR y los altercados de Tsunami Democràtic. En concreto, el documento se refiere a delitos contra la administración pública, contra la administración de Justicia, contra la Constitución o contra el orden público en el Código Penal. Estos últimos incluyen los delitos de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos -sólo se imputa este último delito a 8 de los 12- a los miembros de los CDR procesados por la Audiencia Nacional. Se trata concretamente de los cuadrados en la llamada ‘Operación Judas’.
El dictamen también propone incluir en la amnistía los delitos de lesiones, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento de domicilio de personas jurídicas, daños, falsificación de documentos y usurpación de funciones públicas, así como la violación de diversas artículos de la ley. ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana o la ley orgánica para la protección de la seguridad ciudadana.
La amnistía propuesta por Sumar beneficiaría también a los líderes del ‘procés’, tanto a los ya condenados como a los que siguen procesados en rebeldía y huyendo de la Justicia. El texto no menciona expresamente sus nombres, pero se entiende que la medida incluiría al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, todos ellos indultados pero que siguen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación de fondos después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas tras la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación.
La futura ley de amnistía afectaría también a los dirigentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -condenados por desórdenes públicos tras la reforma-, a la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell y a los exconsellers Josep Rull y Joaquín Forn -condenados por desobediencia una vez aprobado el nuevo Código Penal aplicado–, aunque en sus casos sus penas de inhabilitación ya han sido extinguidas y sus penas de prisión han sido indultadas.
En cuanto a los políticos independentistas huidos, la amnistía beneficiaría al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, y a los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, que están sujetos a orden de detención nacional por delitos de desobediencia y malversación.
La sentencia de amnistía excluiría al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenadas por corrupción.
“Esta ley de amnistía que ahora se propone servirá, sin duda, para sentar las bases para la solución del conflicto político existente entre Cataluña y el Estado español, que se vio agravado por la contundente represión criminal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron determinadas decisiones judiciales”, afirma el dictamen.