Inspirándose en la experiencia de Canadá, “2023 tiene que ser el año para dar forma a la propuesta catalana para el acuerdo de claridad”. Así se expresó el ‘president’ Pere Aragonès en su último discurso de Navidad, en lo que se leyó entonces como un nuevo puntapié en la dinámica del procés. Enterrada la vía unilateral, al menos formalmente, ERC abrazó el modelo canadiense, que en parte no dejaba de ser una enmienda a la vía emprendida por el independentismo en 2017. El nuevo objetivo, poder arrancar del Estado el pacto para la celebración de un consulta de autodeterminación. Lo que hace unos meses se interpretó como la enésima baza de ERC para seguir dando vueltas a un objetivo imposible, tras las elecciones de julio, y la voluntad de Pedro Sánchez de satisfacer al independentismo para lograr la investidura, puede leerse casi como una nueva “hoja de ruta”.
En este sentido, hoy se ha conocido la propuesta que el grupo de nueve expertos que componen el Consejo Académico para el Acuerdo de la Claridad ha trasladado a Aragonès, con una propuesta basada precisamente en el dictamen de 1998 del Corte Suprema de Canadá sobre la secesión de la región francófona de Quebec, que, recuerda el grupo de académicos, aunque rechaza la existencia de un “derecho unilateral de secesión” propone que si Quebec expresa claramente la voluntad democrática de secesión, esto implicaría una “obligación negociar” por parte del resto de Canadá. «Si bien la jurisprudencia constitucional canadiense se enmarca en su propia contexto institucionalsu planteamiento permite explorar una nueva aproximación al conflicto en Cataluña y España, y como consecuencia, potencialmente nuevas vías de acuerdo”, señalan.
La propuesta trasladada al Gobierno, y que el Ejecutivo regional utilizará ahora como elemento de presión política, propone en este sentido cinco modalidades concretas de referéndum, no incompatibles, distinguiendo entre “referéndum o consultas iniciales” o “referéndums de finalización o ratificación” , así como especificar el alcance de la consulta, subestatal o estatal. Los autores, en este sentido, suponen que el «viabilidad jurídica» de referéndum inicial es el que genera “mayor controversia jurídica dentro del marco jurídico español”, mientras que los referendos consultivos sobre cuestiones de relevancia política, como evidentemente sería el caso, están previstos en el artículo 92 de la Constitución. Pese a ello, los expertos señalan que los primeros referendos, en el marco de una “negociación política”, no deben descartarse y no son incompatibles con la Constitución. No es la única solución posible.
La primera alternativa que proponen es una consulta en Cataluña sobre la conveniencia de que el Parlament inicie un proceso de reforma constitucional. El segundo es un referéndum de “ratificación” para que los catalanes voten un acuerdo previamente alcanzado sobre la independencia o una reforma del Estatuto. La tercera propuesta consiste en una “consulta de puesta en marcha en todo el Estado”, es decir, que se someta a votación en toda España la cuestión de si el Gobierno está autorizado a realizar una consulta en Cataluña sobre la independencia. El cuarto, también a nivel estatal, sobre «ratificación» de los plazos de desconexión, y finalmente, el quinto sería un doble referéndum, en Cataluña y en el conjunto del Estado. Los expertos señalan que la tercera y quinta fórmulas no son comunes y generarían un posible »choque de voluntades«. Consultados ayer, los expertos no se pronunciaron sobre si sería necesaria una reforma de la Constitución, señalando además que la doctrina contraria del TC hasta ahora no tiene por qué ser inmutable.
Planteada en estos términos, la cuestión que ahora explora el Consejo Académico nos lleva inevitablemente a lo que ya puso sobre la mesa en 2014 el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, el argumento con el que el entonces Gobierno de Artur Mas aseguró la viabilidad del Estado catalán y justificó los pasos que se darían a partir de ahora. Acto seguido, y bajo la tutela del exvicepresidente del TC Carles Viver Pi-Sunyer, también se hizo referencia a la «Voluntad política por parte del Estado.» para justificar la convocatoria de consultas sobre »decisiones políticas de especial trascendencia« (las contempladas por el artículo 92), en una competencia que podría ser transferida cada cierto tiempo a una comunidad autónoma (artículo 150.2). El Libro Blanco, sin embargo, ya asumía que se trataba de una “vía de no salida”, señalando entonces que el único camino posible era la ley catalana de Consultas No Referendarias, ley que un año después el TC tumbaría por unanimidad.
A diferencia de lo que ya se tendió en 2014, una alfombra hacia el escenario de la unilateralidad, la opinión de los expertos de Aragonès no va más allá, aunque sí señala que si una de las partes se niega a adoptar el acuerdo de claridad, «esto podría desencadenar la otra parte para actuar manera unilateral». Lo que está claro es que la posición del Govern no ha cambiado, han subrayado fuentes del Ejecutivo catalán, que sostienen que la exigencia sigue siendo que los catalanes se pronuncien claramente sobre la independencia. A partir del informe, el Gobierno catalán, que se reunirá de forma extraordinaria el lunes, hará su propia propuesta.
Sea como fuere, la propia designación del Consejo Académico para la Acuerdo de claridad no puede considerarse neutral. Aragonès se basó en el mismo laboratorio de ideas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) que inventó el eufemismo del ‘derecho a decidir’ -ocultando así el ‘derecho a la autodeterminación’ en el que Cataluña no encaja-.
Estos movimientos se producen en paralelo al proceso de negociación para la investidura de Pedro Sánchez, que entra hoy en una nueva fase tras la llamada entre el presidente en funciones y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la reunión del primero con la portavoz republicana en el Congreso , Gabriel Rufián. Tras la reunión, Rufián señaló que había trasladado a Sánchez tres “carpetas”» con condiciones, según él, «exigentes pero razonables». Los republicanos, sin embargo, dejaron claro que, a diferencia de lo que propone el PNV y a lo que aspira el presidente en funciones, no están en proceso de cerrar un acuerdo legislativo que garantice cuatro años de estabilidad al Ejecutivo, informa Juan Casillas. Las tres carpetas son las conocidas: amnistía, “votar” (referéndum/consulta) y “mejorar la vida cotidiana de la gente” (financiación, Cercanías…).
Como matiz relevante, el líder republicano no pudo marcar como condición ‘sine qua non’ el compromiso de celebrar un referéndum de autodeterminación, como exigieron tanto ERC como Junts en el Parlament. Para el PSOE, al menos por ahora, una consulta de independencia Es una línea roja y los de Puigdemont y Junqueras lo saben perfectamente. «Entendemos que puede haber otras soluciones, llevamos años esperando esas soluciones y no llegan. Lo nuestro es votar”, afirmó Rufián.