Corría el año 1989 y se constituía la IV Legislatura de la Democracia Española, con Felipe González a punto de iniciar su tercer mandato al frente del Gobierno.
Como presidente de la Mesa del Congreso resultó elegido el socialista Félix Pons, que protagonizó una anécdota impensable en la actualidad en España a juzgar por el comportamiento de los últimos presidentes de la cámara, Meritxell Batet y la recién elegida Francina Armengol.
En ese momento, Herri Batasuna había ganado tres escaños en el Congreso y, a la hora de jurar o acatar la Constitución ante la presidencia de Mesa, afirmaron hacerlo por “imperativo legal”.
Una respuesta que llevó a Pons a expulsarlos de la cancha y negar “estado completo” de diputados a los tres integrantes de HB por no haber cumplido con la “fórmula reglamentaria”. La respuesta fue contundente dado que la Junta de Portavoces había decretado que las únicas frases válidas para jurar la Constitución eran “sí, lo juro” o “sí, lo prometo”.
El entonces presidente del Congreso negó el turno de palabra a uno de los integrantes de HB y tomó la decisión de suspender la sesión.
Meses después, la Corte Constitucional confirmó “el derecho de los recurrentes a acceder, en igualdad de condiciones, a la función de diputados, con los requisitos que establezca la ley” porque se debe permitir salir de la rigidez en las respuestas al apegarse a la Constitución.
Más de 30 años después, ese “imperativo legal” con el que se ha cumplido la Constitución al inicio de la XVI legislatura ha pasado casi desapercibido.