El exministro Fernández Díaz, a juicio por el espionaje a Luis Bárcenas: piden 15 a�…



El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado a juicio el caso Kitchen, en el que se acusa al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la exministra de su departamento del presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas Orquestado en 2013 para hacerse con documentos de Gürtel.

El magistrado, instructor del caso Villarejo en el que se enmarca esta investigación, dictó ayer auto de apertura de juicio oral contra once imputados, entre los que se encuentra también el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez; el exsubdirector operativo de la Policía Eugenio Pino, y el propio comisario José Manuel Villarejo.

Impone una fianza de responsabilidad civil de 120.000 euros a los dos primeros y al ex ministro, según el auto, en el que el juez desestima la petición de la fiscalía formulada por el PSOE de declarar la responsabilidad civil por lucro del PP y la establece, con carácter subsidiario, para la Administración General del Estado en el caso de que los investigados fueron condenados.

La Fiscalía pide 15 años de prisión para Fernández Díaz y Francisco Martínez por esta presunta operación parapolicial, supuestamente orquestada por Interior en 2013 para seguir a Bárcenas y su familia y obtener documentos del caso Gürtel que pudieran comprometer al partido o a sus dirigentes, y para la que se habrían destinado fondos reservados.

Entre los imputados se encuentran el comisario Andrés Gómez Gordo, así como otros ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas, y el conductor Sergio Ríos, entre otros. Este último, según la Fiscalía, recibió cerca de 54.000 euros de los fondos reservados y la promesa de incorporarse a la Policía (algo que finalmente “se materializó”), a cambio de informar a los acusados ​​de los movimientos de la familia Bárcenas y facilitarles documentos.

Anticorrupción pide penas de entre 19 y dos años y medio de prisión para los imputados en esta pieza, aunque no va dirigida contra Olivera, que fue exdirector de la UDEF, ni contra los inspectores José Ángel Fuentes y Bonifacio Díaz Sevillano , considerando que no hay pruebas suficientes en su contra. Pero el juez rechazó su solicitud de archivo sobre ellos.

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