La última batalla del Tívoli World, tres años después de su cierre


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El Tribunal Supremo rechaza las reclamaciones de los trabajadores contra la empresa por sus despidos, tres años después del cierre del emblemático parque

Vista general de las instalaciones del parque Tívoli World, en Benalmádena (Málaga).
Vista general de las instalaciones del parque Tívoli World, en Benalmádena (Málaga).P.EJ
“Nos han jodido la vida”, dice a EL MUNDO Antonio Sánchezdespués de trabajar como electricista en el parque de diversiones Tivoli World en Benalmádena (Málaga) durante 42 años y se quedó en paro cuando la constructora Tremón Servicios Inmobiliarios la compró y comenzó una despiadada quiebra que ha puesto contra las cuerdas a sus empleados.

Antonio estaba convencido de que se retiraría de su trabajo y “nunca pensó” que vería cerrar el Tívoli. Hace un año y medio se prejubiló después de haber vivido “un calvario” Los últimos tiempos entre expedientes de regulación de empleo (ERE). Aun así, cree que ha tenido suerte, sobre todo si compara su situación con la de otros compañeros más jóvenes que él que “han perdido el trabajo a una edad muy difícil”, lamenta.

El futuro de 79 trabajadores del Tívoli, cerrado desde hace tres años, parece mucho más que incierto, sobre todo porque el Tribunal Supremo ha devuelto la causa del despido colectivo al Juzgado de lo Mercantil de Málaga, que ya la declaró válida hace meses. Sin embargo, el sueño de su reapertura ha logrado acercar a los trabajadores, los sindicatos y la Ayuntamiento de Benalmádenael municipio que lo vio nacer, dando trabajo a familias enteras de la localidad durante el casi medio siglo que estuvo operativo y ofreciendo un incentivo extra a los turistas para visitar este popular destino de sol y playa de la costa andaluza.

Así, mientras los trabajadores cuidan el parque, aunque esté cerrado, y luchan en los tribunales para conservar sus puestos de trabajo; El Ayuntamiento ha protegido el terreno a través de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evitar especulaciones con ellos y podrían destinarse a un uso distinto al de centro de ocio.

Así, salvo el actual propietario, la Inmobiliaria tremón -hasta la fecha el gran ausente-, parece que todo el mundo lo tiene claro: quieren que el Tívoli vuelva a abrir sus puertas y recupere el esplendor que lo convirtió en un referente del ocio familiar dentro y fuera de Andalucía. Sin embargo, no todos han hecho el mismo esfuerzo y la posibilidad de que sus puertas se abran en un futuro próximo parece cada vez más lejana y poco a poco se va desvaneciendo en el horizonte de este largo viaje, comenta el director del Tívoli a lo largo de los últimos años. 15 años, mariano hidalgo.

El que fue el primer parque de atracciones de Andalucía y uno de los primeros de España abrió sus puertas en 1972 de la mano de un grupo empresarial danés que gestionó las instalaciones hasta 2004. Ese año los daneses vendieron el Tívoli a CIPASA (Compañía Internacional de Parques y Atracciones), empresa vinculada a la constructora cordobesa Rafael Gómez Sánchez, mejor conocido como “Sandokán”quien luego vendería el Tívoli a Tremón.

En aquel momento, nada hacía sospechar que una empresa de éxito y que daba cuantiosas ganancias como la Tívoli acabaría desbordada por operaciones comerciales, multas y deudas con la administración del entramado empresarial sandokiano, que acabaron salpicando el caso malaya y que fue condenado por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que tuvo que pagar una multa de más de 111 millones de euros

En medio de un complicado entramado de demandas y recursos entre el antiguo y el nuevo propietario para hacerse con el control de unos terrenos muy cotizados en el centro de este municipio turístico de la Costa del Sol, en mayo de 2022 la administración concursal del parque solicitó la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores por cese total de actividad y extinción colectiva de los contratos laborales de los 79 empleados de Tivoli.

Los trabajadores sostienen que la nueva propiedad debería haberles subrogado pero Tremon, con quien este periódico ha intentado contactar sin éxito, no se ha hecho cargo de los contratos y ha guardado silencio como respuesta, dejando que el administrador concursal haga de las suyas. Juan Antonio Sanchezcon quien los empleados no están muy contentos, e incluso “promoviendo” la quiebra que ahora ha desembocado en el despido colectivo, comenta con pesar Mariano Hidalgo.

Quieren enviarlos definitivamente a casa, lo saben, y el último fallo de la Cámara Social de la Tribunal Supremo (TS) Ha sido más que un revés en la carrera de fondo por conservar sus puestos de trabajo, pero esto no les va a frenar y están dispuestos a seguir luchando, recalcó el exdirector de Tívoli.

Pidieron al Tribunal Supremo que un Juzgado de lo Social y no un Juzgado de lo Mercantil se hiciera cargo del caso de su despido colectivo, pero al final el Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del Comité Empresarial de Tívoli y Comisiones Obreras (CCOO) y el 13 de septiembre el asunto fue remitido nuevamente al Juzgado de lo Mercantil de Málaga, que ya declaró extinguida la relación laboral.

En sus recursos, tanto el Comité de Empresa como el sindicato solicitaron al Tribunal Supremo que declarara “nulo o, subsidiariamente, no conforme a derecho, con las consecuencias jurídicas inherentes a tal declaración” el despido de los trabajadores en el marco del proceso de quiebra.

Pero la Sala de lo Social del tribunal – reunida el 13 de septiembre – ratifica la sentencia 879/2022 de 11 de mayo de 2022 de la Sala de lo Social de la Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación con el asunto y donde declaró “su falta de competencia” sobre el despido.

Recuerda la jurisprudencia, dice el Tribunal Supremo, que si bien las reclamaciones dirigidas al empresario corresponden al orden social de la jurisdicción, este criterio no se aplica “cuando se impugna la extinción de los contratos de trabajo”.

Cabe recordar y así lo entienden tanto el TS como el TSJA, que la empresa Cipasa es la que ha estado explotando el parque hasta el 19 de enero de 2022, fecha en la que cese de actividady que esta empresa se encuentra en quiebra desde julio de 2020.

Cuando se interpuso la demanda -continúa el TS- los empleados afectados todavía eran empleados de Cipasa, cuyo administrador concursal ha solicitado al juez del concurso extinción colectiva de todos los contratos un día antes del juicio.

El Tribunal Supremo confirma y declara firme la sentencia número 879/2022 dictada por la Sala de lo Social del TSJA ya que “el juez social sólo es competente para conocer de despidos colectivos antes del concurso”, concluye. Ahora sólo queda esperar.

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