La Audiencia Provincial de León celebra desde este lunes la juicio contra JCGD, 30 años, acusado de haber asesinado presuntamente a puñaladas a su pareja, Paula M., de 36 años, en abril de 2021 en su domicilio de la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas. Ser un tribunal popular quien determinará si es culpable o no del delito de asesinato.
Los hechos ocurrieron la media noche del domingo 18 al lunes 19 de abril de 2021, cuando después de haber pasado el día juntos, JCGD se dirigió a la casa de Paula. convencida de que estaba con otro hombre. Una vez allí, según el documento de calificación de la Fiscalía, rompió de una patada el cristal de la puerta del portal y entró al interior, tras lo cual hizo lo mismo con el puerta de la casa a la que pertenecía su pareja.
Una vez dentro del domicilio, comenzó una discusión con la mujer y buscó al supuesto hombre que la acompañaba, pero no encontró a nadie ya que estaba sola. El joven, de 28 años en ese momento, también le pidió a Paula su teléfono móvil y comenzó un forcejeo que acabó con el terminal roto en el suelo. Además, durante el transcurso de esa discusión, el hombre le dio un cabezazo a la mujer.
El imputado salió de la casa en ese momento y bajó a su vehículo, pero subió de nuevo y, tras coger un cuchillo de la cocina, se dirigió a la habitación donde estaba Paula, donde la empujó sobre la cama. Una vez incorporada, “sin más, con la intención de causarle la muerte y “Sorprendentemente, de repente y sin posibilidad alguna de defensa”JCGD asestó a la víctima tres puñaladas “mortales” en la zona de la espalda, a consecuencia de las cuales el arma se fracturó y la hoja quedó incrustada en su cuerpo.
Así, alrededor de la 1:30 horas del 19 de abril de 2021, se produjo la “muerte violenta” de Paula M. debido a “un shock hipovolémico provocado por múltiples puñaladas.
Antecedentes sin quejas
Según lo informado en el documento de calificaciones previo y según el dictamen de un médico forense, JC.GD, quien fue puesto en prisión provisional el mismo día de los hechos, “no se presentó ni antes ni al momento de los hechos”. eventos sin alteración psicopatológica y sus facultades cognitivas y volitivas estaban intactas.
El Ministerio Público informa en su escrito la existencia de episodios violentos previos por el ahora imputado, JCGD, hacia la víctima, Paula M., quien Comenzaron una relación romántica en el verano de 2020. Incluso convivieron un tiempo, aunque no en el momento del crimen, informa Ical.
Así, en diciembre de 2020, JCGD acudió al domicilio de su pareja, donde rompió el cristal de la puerta del portal y provocó diversos destrozos en el interior del domicilio. Golpear puertas y algunos otros muebles.. Sin embargo, “Paula M. no denunció estos hechos ni tampoco la Comunidad de Propietarios del edificio”.
Unos meses después, en marzo de 2021, “JCGD le dio un cabezazo a Paula dentro de su casa”, tras lo cual ella se dirigió a su vehículo, donde el imputado “la localizó y la agredió nuevamente”. “Agarrándola por el pelo y golpeándole la cara contra el volante del coche”. La víctima tampoco presentó denuncia por estos hechos, pero sí “envió una fotografía a una amiga con las marcas que la agresión le provocó en el rostro”.
Cinco crímenes
Por todos los hechos previamente denunciados, la Fiscalía considera que JCGD está el autor de cinco crímenes. El primero de ellos es un delito leve de daños, por el que solicita una multa de 180 euros, repartidos en seis euros diarios durante un mes.
También se le acusa de un delito de maltrato en el ámbito familiar (violencia de género), por el que se solicita una pena de nueve meses de prisión. Por otro delito de daños, continuó éste, se solicita una multa de 20 meses con una cuota diaria de seis euros, es decir, 3.600 euros. A esto se le sumaría un cuatro delito por allanamiento de moradapor lo que solicita una pena de prisión de un año y tres meses.
Finalmente, por el delito de asesinato, “con el agravante de discriminación por razón de género y parentesco”, el Ministerio Público solicita una pena de 25 años de prisión, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con los padres y hermano de la víctima por un período de 35 años.