Una decena de prestigiosos profesores se han sumado este lunes al manifiesto emitido el pasado 1 de octubre por el mundo del Derecho contra la ley de amnistía para los condenados por el ‘procés’ que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro SánchezNegocia con el independentismo a cambio de su apoyo en su futura investidura.
En apenas quince días, la carta, que advierte de los efectos de la concesión de la amnistía en el ordenamiento jurídico, ha reunido más de trescientas firmas entre los que se encuentran abogados, catedráticos, estudiantes universitarios, académicos de jurisprudencia y legislación, ciencias morales y políticas, y otros profesionales del Derecho de toda España. Además, esperan que sea “presentado ante el Parlamento”.
A todos estos firmantes se suman ahora trece profesores de Derecho Comercial, Constitucional, Procesal y Administrativo, entre otras áreas, para apoyar que una amnistía como la propuesta “rompe las reglas básicas de la convivencia democrática y del juego político”. “Iría contra la seguridad jurídica”, afirma el manifiesto.
Carmen Alonso Ledesma, catedrática de Derecho Mercantil
Francesc De Carreras Serra, catedrático de Derecho Constitucional
Andrés De la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal
Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, catedrático de Derecho Constitucional
Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo
Teresa Freixes Sanjuan, catedrática de Derecho Constitucional
Julio Iglesias de Ussel, catedrático de Sociología
Antonio López Pina, catedrático de Teoría del Estado y del Derecho
Alfredo Montoya Melgar, profesor de Derecho del Trabajo
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, expresidente del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho del Trabajo
Jesús María Silva Sánchez, catedrático de Derecho Penal
Francisco Sosa Wagner, profesor de Derecho Administrativo
Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional
Asimismo, el documento señala que una ley de amnistía como la que el PSOE está negociando con el independentismo “tendría que tramitarse como una reforma agravada de la Constitución” y, por tanto, los ciudadanos deberían decidir “en su totalidad” mediante un referéndum. .
“Significaría una negación de Justicia y de igualdad jurídica (…) distorsiona el trabajo previo de los juzgados y tribunales al eliminar el contrapeso (…) es contrario a los pilares de la Unión Europea, viola la neutralidad estatal ”, enumera el escrito.
Las figuras del mundo del Derecho firmantes coinciden en que “es hora de abandonar capricho y volubilidad del gobernante para apoyar la Constitución y el Estado de derecho.