Copiar pegar. El BNG no ha desperdiciado precisamente esfuerzos en presentarse como promotor de una “salida” al conflicto entre la Xunta y el Gobierno central por la gestión de la costa gallega. El vicepresidente Luis Bará anunció ayer, en O Hórreo, que, con las posiciones enfrentadas y atrincheradas, y el tema en un “plazo límite”, el partido nacionalista “pone sobre la mesa” una “solución pactada y negociada”. Un preámbulo tan grandilocuente que contrastaba notablemente con el método utilizado: “volver a registrar en el Parlamento el proyecto de ley de transferencia de competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre” que ya impulsaron en marzo y que fue rechazado en la Cámara en Junio .
Bará defendió que el Bloque insiste con su fallida propuesta porque “ahora”, tras el recurso del Gobierno al TC, “vamos a comprobar si el PP y el PSOE realmente quieren” llegar a acuerdos, dado que “no son capaces de “negociar” entre los dos gobiernos. A efectos prácticos, el BNG opta por dedicar el trabajo justo a la iniciativa y remonta la que fue derribada en junio. El recurso ni siquiera se menciona para actualizarlo.
Más allá de sacar a la luz una medida carente de novedad, el BNG se posicionó a su manera ante el llamamiento del Gobierno. Que en su caso consiste en disparar no hacia Moncloa, sino hacia San Caetano. La culpa la tiene la Xunta, afirmó Bará, tras un preámbulo cosmético para afirmar que su partido “no está de acuerdo y expresa su oposición categórica” a una “decisión unilateral e injustificada”. A partir de ahí, acusó al Gobierno gallego de tramar un “plan” con “intenciones” maliciosas: “Yo no quería el traspaso de competencias, quería un conflicto y el Gobierno central mordió el anzuelo”. “La Xunta ya tiene su pelea”, añadió.
Además, acusó al Gobierno de Alfonso Rueda de haber utilizado las demandas del sector “como ariete”, “haciéndoles creer” que la ley podía “cambiar las condiciones”, “manipulándolas” y “engañando” en su “guerra partidista”, atacado. Según Bará, la ley gallega “ya preveía una aplicación diferida”, porque las facultades de gestión que incluye “ya están suspendidas de facto, antes del recurso”; “La Xunta puso el carro delante del caballo y ahora es evidente”, criticó.
El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos, valoró un BNG “desorientado” al que recordó que las competencias de la costa “están recogidas en el Estatuto”. En junio ya calificó la propuesta que ahora adelanta el Bloque de “injusta, innecesaria e ilegal”, lo que genera un agravio frente a otras autonomías. Su homólogo socialista, Luis Álvarez, también acusó a la Xunta de buscar sólo el “enfrentamiento” con el Estado; pero también para “sembrar” “preocupación”: no hay empresas ni puestos de trabajo en peligro “por mucho que diga el señor Rueda”, ha subrayado.