Una semana después de que el presidente anunciara las cifras de las cuentas, y a través de una nota de prensa emitida tras la reunión con los sindicatos, Facenda informó que la Xunta “reforzará un año más tanto el gasto social tradicional (sanidad, educación y políticas sociales) como el gasto para promover el empleo”. Y añadió que lo hará “tal y como viene haciendo ejercicio tras ejercicio en los últimos años”.
Como es habitual en estas fechas, el responsable del departamento se reunió con representantes de los sindicatos para hablar de las principales líneas de las cuentas del próximo año. Por su parte, los centros le recordaron la necesidad de abordar un plan de choque contra el desabastecimiento, otro sector industrial y el refuerzo de los servicios públicos, entre otras cuestiones.
En este marco, Corgos también explicó que los presupuestos del próximo año “consolidarán todas las reducciones fiscales aprobadas hasta ahora por el Gobierno gallego” e incluirán también “nuevas reducciones”.
Por un lado, el departamento autónomo pretende rReducción del 8% al 3% del impuesto de transferencia de vehículos de segunda mano y su eliminación en el caso de los vehículos eléctricos cualificados de cero emisiones y la rebaja del tipo general del ITP (del 9% al 8%) para la compra de una vivienda en Estados Unidos.
Preguntado por esta reunión antes de participar con el vicepresidente primero, Diego Calvo, en una cita con la directiva de Fegamp, Corgos extrajo una valoración “positiva” y restó importancia a que se haya celebrado en vísperas de que el Consejo de la Xunta aprobara los presupuestos para 2024.
En este sentido, el concejal de Facenda defendió que hay “margen de maniobra” y “debate” incluir sus propuestas durante el período de tramitación de las cuentas en la Cámara, durante el cual “las partidas de gasto y los proyectos presupuestarios podrán cambiar”. Por parte de los sindicatos, la CIG puso sobre la mesa la urgencia de un plan de choque contra los efectos de la inflación, uno industrial que contribuya a la recuperación y otro para la vivienda pública. Además, y para la erradicación de la pobreza, Maica Bouza (CCOO) reclamó medidas para el casi medio millón de gallegos que viven con menos de 10.000 euros al año.