más delitos sexuales y agresiones a padres



La Fiscalía General del Estado, en la presentación de su informe anual a mediados de septiembre, advirtió sobre la aumento de la delincuencia juvenil, centrándose en homicidios y agresiones sexuales. Incluso habló de la banalización de la violencia y señaló que El caso de Ourense. “Casi por unanimidad, las secciones menores de territorios tan diversos en tamaño y situación geográfica como Madrid, Alicante, Sevilla, Baleares, Cantabria, Ourense, Barcelona, ​​Bizkaia o Málaga muestran su seria preocupación y alarma por el aumento y auge de todo tipo de conductas cada vez más violentas llevadas a cabo por menores de edad”, señala el documento.

La Fiscalía de Menores de Ourense, en ese contexto en el que Aumentó la actividad delictiva juvenil. Respecto al año anterior, constata el avance en las infracciones relacionadas con la violencia doméstica y conductas contra la libertad sexual. La provincia es una de las siete de toda España en las que violencia doméstica contra ascendientes y hermanos sufrió un repunte junto a los casos de Málaga, Navarra, Tenerife, Burgos, Alicante y Huesca.

Evolución

En 2022 se registraron 492 delitos penales, según la base de datos Minerva que gestiona la Fiscalía y que no siempre ofrece cifras bien depuradas. El tasa de criminalidad Se mantiene constante desde 2018. En 2021 se registraron 404 delitos y en 2020 fueron 353.

Los mayores aumentos los reportan agresiones sexuales: de cinco registrados en 2021, se pasó a 14 en 2022. Los delitos de abuso sexual se mantuvieron en 16. Este aumento, según la Fiscalía de Menores, “no implicó un aumento en el número de expedientes de reforma ni en el número de condenas, debido a la falta de pruebas o a la existencia en muchos casos de consentimiento directo tener relaciones sexuales o las dificultades añadidas de tratar con menores afectados por el consumo desinhibido de alcohol y otras sustancias que dificultan establecer el límite de dicho consentimiento”.

Destaca la fácil acceso al porno ante la falta de protocolos para evitar que menores de edad ingresen a páginas web especializadas; la sexualización de menores acompañada de la banalización de las relaciones sexuales entre jóvenes de edades más tempranas, entre 12 y 13 años.

Para los fiscales, hay un problema educativo de origen en delincuentes juveniles que no encuentran una respuesta adecuada en el ámbito familiar o escolar. “Los programas de reeducación específicos para delincuentes sexuales menores con medida de reclusión son estereotipados e insuficientes y deberían inspirarse en su contenido en los aplicables a delincuentes sexuales adultos”, afirman.

En cuanto a los crímenes de Violencia doméstica ejercida por menores contra sus padres y hermanos, en 2022 se produjeron 44 delitos frente a 31 delitos de violencia doméstica en 2021. Es evidente un aumento relativo de la actividad delictiva en el ámbito de la violencia filio-parental. El problema común a la mayoría de estos delitos es el siguiente: la denuncia de los padres es el último recurso ante una situación familiar extrema y de imposible convivencia; la falta de trabajo previo por parte de los servicios de Atención Primaria y de las instituciones administrativas educativas y de protección de la infancia en muchos casos. Las medidas cautelares que interesan para los casos más graves son el confinamiento terapéutico. En los demás casos, al menor se le impone la medida cautelar de libertad supervisada con sujeción a Tratamiento psicológico específico o programas de terapia familiar.. La medida de convivencia con un grupo educativo, cuya eficacia ha sido demostrada en otras provincias, no está operativa en Ourense, según el Ministerio Público de Ourense, ya que dicho recurso no lo proporciona el ente de reforma pública.

Muchos de los casos de violencia familiar podrían tener respuesta, argumenta el Ministerio Público, en el ámbito de la prevención y la protección. Y sostiene: “El ascenso anual de esta tipología criminal se debe a la fracaso de los modelos educativosal fracaso de las campañas de prevención que se llevan a cabo en los centros educativos y a la falta de programas de apoyo familiar diseñados por las entidades locales encargadas de prestar asistencia a los menores en riesgo por estas conductas.

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