La asociación de víctimas pide que se reabran las causas por los delitos en los que otros etarras implicaron al líder de Bildu
La asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha denunciado ante la Audiencia Nacional los secuestros y asesinato en los que, según las investigaciones policiales, estuvo implicado Arnaldo Otegi y que ha desvelado este diario en los últimos días.
La escritura transmite la información de EL MUNDO hacia Fiscal de la Audiencia Nacional, a la que pide que se abra una investigación sobre las actividades del líder de EH Bildu durante la década en la que militó en ETA. “De los hechos narrados y de los documentos aportados”, indica la denuncia, “se desprende de manera indicativa que Arnaldo Otegi Mondragn, Gordo, participó en seis secuestros (por otros tres ya ha sido juzgado) y un asesinato, además de múltiples robos de explosivos, municiones y explosivos y otros atentados terroristas contra bienes que provocaron diversos daños, por los que no habría sido investigado y por lo que fue procesado. “Así lo declararon ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un total de doce miembros de la organización terrorista ETA cuando fueron detenidos”.
En la carta enviada la tarde del martes, Dignidad y Justicia realiza varios pedidos al Ministerio Público. La principal, pedir la reapertura de todas las causas que se abrieron en su momento por los secuestros y el asesinato en los que pudo estar implicado Otegi y que su declaración se tenga por investigada. Para ello, la asociación quiere basarse en informes previos de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre la actividad terrorista del líder nacionalista.
Finalmente, pide que se compruebe si pudo pagar la indemnización de 100.000 pesetas (600 euros) que le impusieron por uno de los secuestros y que habría eludido declarándose insolvente. “En caso contrario, activar los mecanismos necesarios para activar el procedimiento de cobro por la vía administrativa a dicho condenado.
La Fiscalía que dirige Jesús Alonso tendrá ahora que revisar la denuncia y, tras abrir unas diligencias, decidir si las archiva inmediatamente o si realiza diligencias que puedan derivar en una solicitud a un juzgado para la apertura de una nueva causa judicial o la reapertura de casos. algunos que fueron archivados. Una reciente denuncia de la misma asociación sobre ex terroristas que se presentaron a las últimas elecciones se saldó con un expediente demoledor que contenía errores y debía ser corregido.
El principal obstáculo para activar las investigaciones es la prescripción de los presuntos delitos, que ya superan los 20 años. Sin embargo, la Audiencia Nacional mantiene abiertas investigaciones por delitos que también excedieron esos plazos. A favor de la tesis de investigar lo ocurrido en los años 70 y 80, la denuncia utiliza el Informe de Misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de 4 de marzo de 2022, sobre los 379 casos de asesinatos aún sin resolver cometidos por la organización terrorista ETA .
Una de las recomendaciones es “solicitar la continuación de un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo de los casos no resueltos, a la Fiscalía y con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin entrar en una valoración previa de la” posible prescripción legal “. del caso, para poder responder a las familias que continúan esperando justicia. Esta consideración deberá realizarse al final de la investigación, cuyo resultado deberá ser informado a las víctimas que lo soliciten.”
“Es por este motivo”, prosigue la asociación que preside Daniel Portero, “que se admite a trámite esta denuncia y en las diligencias de investigación iniciadas por esta Fiscalía de la Audiencia Nacional ante que las instituciones europeas recomiendan a las “autoridades judiciales españolas la investigación de los crímenes cometidos por la organización terrorista ETA en sus más de cincuenta años de historia, sin entrar en una valoración previa sobre si están prescritos o no.”
La Fiscalía que dirige Jesús Alonso tendrá ahora que revisar la denuncia y, tras abrir unas diligencias, decidir si las archiva inmediatamente o si realiza diligencias que puedan derivar en una solicitud a un juzgado para la apertura de una nueva causa judicial o la reapertura de casos. algunos que fueron archivados. Una reciente denuncia de la misma asociación sobre ex terroristas que se presentaron a las últimas elecciones se saldó con un expediente demoledor que contenía errores y debía ser corregido.