El Partido Popular (PP) ha recurrido ante la Mesa del Congreso de los Diputados la concesión de una decena contratos para traductores. Sostienen que la contratación de servicios de interpretación en lengua cooficial “viola manifiestamente la normativa en materia de contratación pública” y que, por tanto, los contratos son “nulos de pleno derecho”.
Consideran que los doce contratos firmados, por valor de 14.999,99 euros cada uno, fueron tramitados como un contrato menor para poder desarrollarlos “salvando cualquier procedimiento de adjudicación competitiva” y vulnerando “los principios de concurrencia, publicidad y transparencia”.
Según el recurso, interpuesto por la secretaria general y portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, la Ley de Contratos del Sector Público establece como contratos menores aquellos que tienen un valor inferior a 15.000 euros -los adjudicados se han realizado por un céntimo- menos de ese monto – y no podrá dividirse con la intención de reducir el monto o evitar los requisitos relacionados con la adjudicación.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de las Contrataciones determina que en el caso de que el objeto del contrato sea “único” y esté dividido en “varios expedientes”, “habrá división indebida”. Además, el Consejo Asesor de Contrataciones Públicas del Estado señala que para que un contrato sea calificado como menor no debe estar modificado de manera fraudulenta y el contratista no debe haber firmado más contratos menores que superen el umbral establecido.
En este caso concreto, el PP alega que la unidad funcional de los contratos es “evidente” dado que “el servicio de interpretación adjudicado es el mismo y todos contienen idénticas condiciones”. «Corresponde a la misma finalidad técnica y económica, por lo que deberían haberse tramitado en un único procedimiento que se podría haber dividido en lotes, pero se ha utilizado una contratación menor en fraude de ley».
El PP considera “ilegal y arbitraria” la justificación de que la realización de contratos menores responde a que se necesitaban traductores antes del 19 de septiembre
El partido de Feijóo denuncia que “los intereses generales se ven gravemente perjudicados al impedirse encontrar una forma de prestación de servicios lo más beneficiosa económicamente posible para el erario público”. «Se impide el acceso de otras empresas o intérpretes para prestar estos servicios, eliminando la libre competencia y realizar una selección de los adjudicatarios sin tener en cuenta ningún criterio de objetividad y transparencia”, advierten.
Además, los populares consideran “ilegal y arbitraria” la justificación de que la realización de contratos menores responde a que se necesitaban traductores “antes del 19 de septiembre”, dado que aún no estaba disponible la protección regulatoria al no haberse aprobado aún la reforma. . para permitir el uso de lenguas cooficiales, que salió adelante el 21 de septiembre.