En este escenario, la Autopista del Atlántico, principal eje vertebrador del territorio gallego, aún en debatesobre todo tras la convocatoria del proceso electoral el pasado mes de julio, el proceso de traslado a Galicia ha quedado en el aire sin culminar.
Por otra parte, la expansión de la concesión hasta 2048 Está bajo el escrutinio de la Comisión Europea que, en septiembre de 2021, anunció la apertura de un expediente a España para ese período extra de explotación, sin haber llamado a concurso público.
Bruselas envió una carta de emplazamiento, primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la normativa europea en la adjudicación de contratos, al considerar que no cumplió con sus obligaciones en esta materia.
La asociación gallega En-Colectivo presentó en julio de 2020 un queja a la Comisión Europea considerando que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa, aprobadas por sendos reales decretos en 1994 -hasta 2023, durante el Gobierno de Felipe González- y en 2000 -hasta 2048, durante el Gobierno de José María Aznar- vulneraban la normativa comunitaria. Esta entidad exige al Gobierno la anulación de la concesión y la devolución del cobro indebido de peajes desde 2013.
La queja
Audasa anunció en su momento que, si este procedimiento sancionador finalizaba con la finalización de la concesión, reclamaría ser indemnizado en más de 1.000 millones de euros. Sin embargo, a la fecha de hoy, la Comisión aún no se ha pronunciado. El presidente de En-Colectivo, Diego Maraña, lamentó, no obstante, que “hace cuatro años el BNG obtuvo un compromiso del Gobierno para la cesión de la carretera y devolverla a los gallegos”, pero “cuatro años después la situación ha sin cambio”.
Sobre la posible compensación a Audasa, Maraña “advirtió que es más caro” financiar el bono de peaje que una posible compensación a la concesionaria. Asimismo, matizó que esta compensación por lucro cesante “no sería tanta” como la anunciada, teniendo en cuenta que la empresa estaba “retrasando la amortización” y por tanto tiene rentabilidades superiores a las que debería.
La empresa siempre negó esta acusación y destacó que, desde que se llevó a cabo la privatización de la Empresa Nacional de Carreteras (ENA) en 2003, todos los beneficios se destinaron a amortizar las inversiones y no se repartieron dividendos entre los accionistas.
En tanto, a principios de año y en respuesta a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, el Gobierno se limitó a verificar que, si bien la UE no ha anulado la prórroga de la concesión, la obligación legal es cumplir con lo aprobado En el momento.
La carretera sería libre si no fuera por el último contrato
El BNG recordó a principios de esta semana que, si no fuera por la prórroga aprobada por el PP, A partir de hoy la Carretera del Atlántico “sería libre”. El diputado nacionalista Luís Bará, que calificó de “obscenos” los resultados económicos de la concesionaria en el primer trimestre del año (36 millones de euros, casi un 70% más que en el mismo periodo de 2022), anunció que el BNG volverá a presentar iniciativas en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados para conseguir el “doble objetivo” de una AP-9 “gallega y gratuita”.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha destacado que “el verdadero problema de Galicia respecto a la AP-9 tiene nombre propio y exclusivo”, apuntando al Partido Popular y al PPdeG.
Así, el portavoz socialista subrayó que “toda Galicia sabe” que, si no fuera por esta prórroga aprobada por el Gobierno de Aznar, la carretera ahora terminaría la concesión y podría ser libre. “La responsabilidad es clara y exclusivamente del PP”, dijo Álvarez, al tiempo que destacó las bonificaciones de peaje aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras tanto, el grupo del PPdeG registró el pasado mes de junio un proyecto de ley, para dirigir el Congreso de los Diputados, para el traslado de la AP-9, ya que, cuando se convocaron las elecciones generales, el texto legislativo que se encontraba se estaba tramitando en la Cámara Baja.