Vox ha votado a favor de la reducción de impuestos propuesto por el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Valencia. Las distintas ordenanzas han sido adelantadas en la Comisión de Hacienda celebrada este miércoles, como paso previo a su ratificación en el pleno del próximo martes.
Los cuatro concejales del grupo liderado por Juanma Badenas se han sumado finalmente a los trece concejales populares -que gobiernan en minoría- tras dejarles solos en la renovación de la dirección de las empresas municipales EMT y AUMSA. Este último salió adelante con el apoyo del PSPV.
Badenas reprochó al PP no haber contado con ellos para elaborar estas ordenanzas pese a necesitar la mayoría absoluta de diecisiete y exigió que la alcaldesa, María José Catalá, pase a formar parte de su equipo de gobierno como condición para aprobar los presupuestos municipales del próximo año. Sin embargo, a pesar de la tensión generada la semana pasada, a Vox le costó mucho abandonar una rebaja de impuestos que coincide con su línea ideológica. Los socialistas y Compromís lo rechazan.
La reforma fiscal de Catalá contempla un ahorro de 70 millones de euros a los contribuyentes con una reducción del 20% del IBI, del 8,5% del impuesto de circulación o del 50% en el tipo de alcantarillado, así como una bonificación del 95% en el impuesto sobre plusvalías en el caso de herencias o transmisiones de empresas.
Este comienzo de entendimiento en el bloque de derecha se ha producido después una extensa reunión celebrado este martes entre la propia alcaldesa, Badenas, y el presidente provincial de Vox y diputado en el Congreso, Ignacio Gil Lázaro. Ambos partidos han negado que la reunión suponga el inicio de conversaciones para alcanzar un acuerdo de gobierno que la izquierda da por sentado.
La alcaldesa, María José Catalá, ha asegurado que habrá conversaciones con su ‘socio preferente’ sobre los presupuestos de 2024, que deben aprobarse en noviembre, pero “hasta allí”. «Mientras haya coincidencia con su programa electoral y un marco de diálogo fluido y constante con nosotros, que ya existe, no tiene por qué haber ningún problema. Estamos en la dinámica de trabajar progresivamente, fortaleciendo nuestra confianza entre nosotros y ese creo que es el mejor sistema. De momento hay gestos de buena disposición por parte de ellos y de nuestra parte. Y eso siempre es interesante”, afirmó el primer alcalde.
Imagen de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este miércoles dirigiéndose a la prensa
Tras la Comisión de Hacienda, el portavoz de Santiago Abascal ha justificado el cambio de criterio del partido: ahora conocen bien la propuesta y supone un “ahorro sustancial” para las familias, aunque no son las ordenanzas “que hubieran hecho”. En ese sentido, Juanma Badenas ha señalado que tienen tiempo de estudiar estas medidas para “incluir alguna modificación” de cara al pleno.
Asimismo, ha apuntado que seguirán reuniéndose con el PP para tratar “cuestiones que afectan al Ayuntamiento”, como las cuentas de 2024, “ahora con un poco más de intensidad”. Aunque ha vuelto a tender la mano a Catalá “por cuarta vez” para gobernar en coalición, ya no están “cerca” de aprobar unos presupuestos ajenos al Ejecutivo local si “resultan en un gran beneficio” para la ciudad.
«Pacto Oculto» desde Madrid
Desde el PSPV, Sandra Gómez ha hablado de la existencia de un “pacto oculto”. “Creo que es obvio que hay un acuerdo de las partes en Madrid “Han obligado y hecho que la señora Catalá finalmente ‘ponga manos a la obra’ y llegue a un acuerdo con Vox”, ha aseverado.
«Fue muy fácil para mí hacer otra cosa. Podía hablar con otros grupos políticos, no hacía falta darle este Ayuntamiento y el futuro de Valencia a la derecha. Esta falta de espíritu democrático, de entender que está en minoría, que no puede aplicar ningún rodillo, la ha llevado a decidir que es el grupo ultra el que determinará el futuro de esta ciudad”, añadió.
Respecto a las ordenanzas fiscales, el portavoz adjunto de Compromís, Papi Robles, ha criticado que «Catalá es el nuevo Robin Hood, pero al revés». «Le roba a la gente que más lo necesita para dárselo a la gente que menos lo necesita. Estamos hablando de que el 60% de la población no ve reducidos sus impuestos mucho más allá de los 40 o 45 euros. En cambio, estamos hablando de perder más de 70 millones de euros que podrían utilizarse para hacer posibles 200 nuevos jardines o 100 autobuses que se necesitan en esta ciudad”, cuantificó.