La defensa del exministro del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez del caso Kitchen de imponerle condena. fianza de 120.000 euros.
En escrito de apelación firmado por el abogado Jesús Mandri se solicita expresamente la anulación del auto de apertura de juicio oral dictado respecto del monto pactado de responsabilidad civil.
Considera que es “desproporcionado”, ya que la cantidad presuntamente malversada y utilizada para espiar a la familia del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ascendió según la investigación a 57.000 euros; y reportar un «tratamiento diferenciador» con otros imputados, como el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, a quien se le impone una fianza de 2.000 euros. Entiende su defensa que el instructor no motiva esto “mínimamente”.
«Sí que dedica especial motivación y esfuerzo a otras cuestiones, por ejemplo, rechazar la apertura de juicio oral contra el Partido Popular como participante lucrativo“, pero absolutamente ninguna sobre el tema que denunciamos”, se puede leer en el recurso al que tuvo acceso torrevieja news today.
«Tal falta de motivación provoca que el señor Fernández Díaz se encuentre en indefensión, ya que los motivos que llevan al instructor a fijar el importe de la fianza que se le ha impuesto a él y a sus graduación diferente entre los restantes acusados, además de la consiguiente pérdida financiera para mi cliente”, continúa.
Por ello, solicita que se establezca la responsabilidad solidaria de todos los imputados respecto del monto que, razonadamente, se fije como fianza, que no podrá exceder del fijado en los autos de acusación y que deberá ser proporcional a la responsabilidad civil. responsabilidad que previsiblemente se derivaría de una eventual condena.
Jorge Fernández Díaz se enfrenta 15 años de prisión por orquestar presuntamente, cuando era jefe del Ministerio del Interior, una operación policial que tenía como objetivo sustraer documentación comprometedora para dirigentes del Partido Popular al entonces tesorero, Luis Bárcenas, en pleno caso Gürtel.